Pombas es una pequeña ciudad de San Antón, la isla más occidental del archipiélago de Cabo Verde, en la parte central del Atlántico. La localidad cuenta con una treintena de pescadores.
Pombas es una pequeña ciudad de San Antón, la isla más occidental del archipiélago de Cabo Verde, en la parte central del Atlántico. La localidad cuenta con una treintena de pescadores. Su número crece, a medida que más jóvenes deciden dedicarse a esta profesión.
Para pescar se necesita un barco con motor. Para Adirson, de 26 años y nieto de pescador, el coste de comprar una embarcación sería inasumible.
Pero hace poco tiempo, esta comunidad pesquera recibió una flamante embarcación y tuvo acceso a algunas infraestructuras costeras, como ayuda del Gobierno de Cabo Verde. La financiación provino del Acuerdo de Asociación entre Cabo Verde y la Unión Europea.
Ahora, los jóvenes pueden hacerse a la mar junto a pescadores más experimentados, y aprender el oficio mientras se ganan la vida.
"Con este nuevo barco, podemos llegar más lejos, en el mar, y capturar más peces. Se puede compartir entre muchos pescadores, sin ningún problema. Así que, si alguien necesita una embarcación y no tiene la suya propia, esta puede estar disponible para utilizarla", declara el pescador Adirson Carlos Da Cruz Dos Santos.
Esta ayuda a las comunidades pesqueras va más allá de aportar barcos nuevos. En un lugar apartado, en la parte occidental de San Antón, se encuentra la aldea de Monte Trigo. El mercado de pescado más cercano está a media hora en barco.
Casi todos los hombres del lugar son pescadores. Sus capturas tienen que ser vendidas o conservadas, rápidamente, antes de que se estropeen.
El cálido sol tropical ha permitido secar el pescado al aire libre desde la antigüedad. Pero hoy, el mismo sol, ayuda a mantener frescas las capturas.
Los pescadores, que regresan del mar con ejemplares de bacalao de un tamaño impresionante, se dirigen, directamente, a las máquinas de fabricación de hielo que utilizan energía solar. Esta instalación, inaugurada el año pasado, también es fruto de la contribución de la asociación pesquera de Cabo Verde con la Unión Europea.
"Esto ha mejorado mucho la vida de los pescadores. Porque ahora, cuando capturan algo de pescado, no tienen que llevarlo inmediatamente al mercado. Pueden almacenar sus capturas durante 2 o 3 días, y luego trasladarlas todas en un solo viaje, por lo que ahorran dinero al utilizar menos combustible para los desplazamientos en barco", afirma Maria Rasa, presidenta de la Asociación de Pescadores de Monte Trigo.
La Unión Europea aporta 750 000 euros al año a Cabo Verde. A cambio, las autoridades caboverdianas permiten a los buques europeos pescar los excedentes en su zona económica exclusiva.
El acuerdo se centra en la sostenibilidad medioambiental, la capacitación social y el crecimiento económico local.
Estas capturas, desembarcadas por un barco español en el puerto de Mindelo, en la isla de San Vicente, se procesan en una fábrica local, perteneciente a un importante proveedor europeo.
El grupo empresarial emplea a trabajadores locales, más del 70 % de los empleados son mujeres, y produce 50 000 toneladas de pescado al año. Y, a medida que su negocio crece, planea construir su tercera fábrica en la zona.
"En Cabo Verde, tanto Atunlo Cv, como sus socios, tenemos una industria de 2 000 empleados directos. Somos el mayor exportador del país. En cabo Verde, tanto las exportaciones de pescado, como las de conservas de pescado, suponen más del 90 % de las exportaciones del país", señala Alejandro Pazo, director de operaciones de Atunlo Cv en África.
Como exministro del mar, Paulo Veiga negoció el acuerdo que permite a 69 barcos de España, Portugal y Francia pescar en aguas de Cabo Verde.
"Creo que esta es una situación en la que todos ganan. De la Unión Europea obtenemos, no solamente un apoyo financiero, sino también, conocimientos técnicos y nuevas tecnologías. Y por nuestra parte, hacemos posible que puedan explotar de forma sostenible, nuestros recursos pesqueros", indica Paulo Veiga, ex ministro del Mar, de Cabo Verde.
Esta forma de cooperación, conocida como acuerdos de colaboración de pesca sostenible, o ACPS, hace hincapié en la conservación de los recursos y la gestión científica de las poblaciones comerciales.
"Para la Unión Europea, estos acuerdos son muy importantes, porque contribuyen a la buena gestión de los océanos y a la sostenibilidad de la pesca, ya que todos los socios saben exactamente qué especies se pueden pescar y en qué cantidad. Y, además, hay un componente de control y supervisión del sector pesquero, que ayuda a combatir la pesca ilegal", declara Carla Grijó, embajadora de la Unión Europea en Cabo Verde.
Una pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que en Costa de Marfil se ha convertido en un problema muy arraigado.
Maxime Diomandé es el director del nuevo Centro de Vigilancia de la pesca inaugurado en Abiyán, que cuenta con la aportación de casi 700 000 euros al año, por parte de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible.
Este centro permite vigilar a todos los barcos de pesca, utilizando tecnología vía satélite para evitar la pesca furtiva en zonas restringidas.
"Disponemos de todos los elementos que nos permiten interpretar la actividad pesquera de un barco, en función de su velocidad, su rumbo y las coordenadas geográficas de su zona de pesca", explica Maxime Diomandé, jefe del Centro de Vigilancia de la pesca, de la Dirección de Acuicultura y Pesca de Costa de Marfil.
Según el coordinador del programa, Jacques Allou Aka, los esfuerzos dan resultados: la pesca ilegal ha disminuido significativamente, ahora que el control se aplica de manera legal y que las infracciones se castigan sistemáticamente con multas.
"Realmente, Costa de Marfil se beneficia de este acuerdo. El Centro de Vigilancia Pesquera nos permite vigilar las aguas. Y, además, tenemos una asociación con la Marina que nos permite realizar misiones de patrulla en nuestra zona económica exclusiva. De este modo, evitamos con éxito que los ‘barcos piratas’ vengan a destruir los recursos pesqueros", afirma Jacques Allou Aka, coordinador del Programa de Apoyo a la Gestión Sostenible de los Recursos Pesqueros.
Jobst von Kirchmann, jefe de la Delegación de la Unión Europea en Costa de Marfil, afirma que los acuerdos de colaboración de pesca sostenible reflejan la demanda de los consumidores europeos de importaciones seguras y respetuosas con el medio ambiente, producidas respetando los derechos humanos.
"Hoy en día, los consumidores europeos quieren conocer el origen de los productos que consumen. Quieren saber si las personas que los han fabricado, o los pescadores que son responsables de las capturas han sufrido y si estos productos han contribuido o no, al deterioro de la naturaleza. Así que, la Unión Europea está actuando en ese contexto, porque realmente queremos lograr la sostenibilidad en todas las cadenas de valor. Y, al mismo tiempo, pretendemos satisfacer la demanda de los consumidores y contribuir a salvar nuestro planeta", señala Jobst von Kirchmann.
Esta forma de cooperación se mantiene con 13 países en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, asegurando los derechos de pesca de más de 240 embarcaciones de 10 Estados miembros de la Unión Europea.