Tranparencia Internacional ha publicado un informe sobre la percepción de la corrupción. Hung´ria, Rumanía y Bulgaria salen entre los peor parados. Se lo explicamos en nuestro programa "The Brief from Brussels"
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Las protestas se suceden y los expertos lo confirman: en la mayoría de los Estados poscomunistas de la Unión Europea, la lucha contra la corrupción no está a la altura.
Hungría, Rumanía y Bulgaria se encuentran entre los peor situados, según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2019, elaborado por Transparencia Internacional.
"Hay mucho fraude vinculado a los fondos de la Unión Europea y resulta muy difícil abordarlo de manera efectiva", explica Michiel van Hulten, Director de Transparencia Internacional en la Unión Europea. "Una de las razones es que cada Estado miembro tiene un enfoque diferente. Pero ahora, con el nombramiento de un único Fiscal Europeo, creo que resultará más fácil abordar estos casos "
Pero también dos potencias occidentales, Francia y Reino Unido, se encuentran entre los países que han perdido 3 puntos a lo largo del último año.
En la tendencia positiva, se sitúan España, que ha mejorado 4 puntos, y Grecia, que ha subido 3.
Transparencia Internacional ha centrado el informe de este año en los riesgos que entraña la financiación privada de partidos políticos.
Hace un llamamiento a prestar especial atención a Malta que ha caído 6 puntos desde el asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia.
En el comité de Control Presupuestario de la Eurocámara piensan que la UE debería intervenir.
"Si existen grupos de presión que financian partidos políticos, los diputados electos pueden sentir que deben algo a cambio, y es el comienzo de la corrupción", afirma Michèle Rivasi, eurodiputada francesa del grupo de Los Verdes. "Defiendo una armonización de las reglas de financiación de los partidos".
La Unión Europea ha aprobado una Directiva destinada a proteger y garantizar los derechos de los denunciantes, que juegan un papel clave a la hora de sacar a la luz casos de corrupción.
"Los alertadores juegan un papel clave y merecen protección. Ahora sabemos cómo debería regularse, pero sigue pendiente su aplicación en los Estados miembros" comenta Gianluca Esposito, del Consejo de Europa. "Este pasaje de la teoría a la práctica es precisamente lo que estamos buscando".
Los Estados miembros de la UE disponen de dos años para transponer la directiva y España podría ser el primer país en hacerlo. Su tramitación en el Congreso ya está en marcha.