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¿Puede expulsar la UE a uno de sus miembros?

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Por Alice Tidey
Bandera de la UE
Bandera de la UE   -   Derechos de autor  Pfxuel

En los últimos años, Bruselas ha puesto en marcha procedimientos punitivos contra Polonia y Hungría por violaciones del Estado de Derecho, y ahora se prepara para utilizar un nuevo mecanismo contra Budapest para congelar sus fondos. Pero si esto no consigue frenarles, ¿podría la Unión Europea expulsar a un Estado miembro?

La respuesta corta es no. La respuesta larga es: se necesitarían años de regateo y lo más probable es que fracasara. La razón es muy sencilla: La UE no ha previsto esa posibilidad.

"Desde el punto de vista jurídico, no tenemos el aparato para expulsar a un Estado miembro, a diferencia del Consejo de Europa, por ejemplo, donde Rusia fue expulsada hace unas semanas", explica a Euronews Adam Lazowski, profesor de Derecho de la UE en la Universidad de Westminster.

De seis a Veintisiete

La UE, como subrayan la mayoría de sus funcionarios, nació como un proyecto de paz en el momento en el Viejo Continente intentaba resurgir de las cenizas dejadas por la Segunda Guerra Mundial.

La idea entonces era que, creando lazos económicos más profundos entre los países, éstos se lo pensarían dos veces antes de iniciar futuros conflictos. Y así nació la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1952, con la entonces República Federal Alemana, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo como miembros fundadores.

La rápida expansión económica de los años sesenta, la caída de los regímenes autocráticos de España, Grecia y Portugal en los años setenta, los fuertes cambios sociales desencadenados por las protestas de 1968, las recesiones económicas como la crisis del petróleo de 1973 y el colapso del comunismo han transformado la Comunidad de seis miembros en una Unión de 27 que ya no se rige únicamente por preocupaciones económicas, sino también por valores democráticos.

Han pasado nueve años desde la última ampliación -el último país en incorporarse fue Croacia en 2013- y, de hecho, desde entonces, la UE se ha hecho más pequeña.

El Reino Unido activó el artículo 50 del Tratado de la UE en marzo de 2017, nueve meses después de que sus votantes apoyaran la retirada del bloque y se iniciara una tumultuosa cuenta atrás. Han sido más de dos años de negociaciones para definir la relación futura que ha tenido un efecto escalofriante en los contactos entre la UE y el Reino Unido, y que han dejado muchas cuestiones importantes aún sin resolver.

Pero el Brexit no fue el único gran cambio político experimentado en todo el bloque durante la década de 2010. Esa década también se caracterizó por el ascenso y el fortalecimiento de los partidos populistas de derechas que cultivan una retórica euroescéptica.

La regla de la unanimidad frena a Bruselas

Entre ellos se encuentran el Fidesz en Hungría y el partido Ley y Justicia (PiS) en Polonia, que han sido citados repetidamente en los tribunales por Bruselas por las reformas que han emprendido y que recortan la independencia del poder judicial, así como de los medios de comunicación y la sociedad civil, y los derechos de los inmigrantes, las mujeres y las minorías.

El máximo tribunal europeo se ha puesto siempre del lado de la Comisión Europea, cuyo papel es el de guardián de los tratados y las leyes de la Unión, pero sobre el terreno nada ha cambiado mucho.

La Comisión Europea inició el procedimiento del artículo 7 contra Polonia en 2017 y los eurodiputados hicieron lo mismo contra Hungría en septiembre de 2018. Este procedimiento, a menudo denominado "opción nuclear", abre la puerta a medidas punitivas, incluida la suspensión de los derechos de voto en el Consejo. 

Pero está estancado desde entonces. El problema es que para avanzar se requiere el voto unánime de los líderes y, como confirmó Viktor Orban el miércoles tras su reelección para un cuarto mandato consecutivo, "con los polacos tenemos una alianza defensiva mutua".

"No permitiremos que nos excluyan de la toma de decisiones europea", añadió el líder húngaro.

Todavía enfadados, los eurodiputados presionaron para que se habilitará otro instrumento punitivo, lo que finalmente llevó a la creación del mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, que finalmente fue refrendado en febrero de 2022 por el máximo tribunal europeo, y que permite congelar los fondos de la UE a los Estados miembros que no cumplan con los valores europeos.

La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el martes que tiene previsto activar el mecanismo contra Hungría en breve. Sin embargo, no está claro qué criterios se utilizarán ni qué cantidad de fondos se podrán retener, ya que el mecanismo fu diluido respecto a la propuesta inicial, ante las amenazas de Plonia y Hungría de vetar por ello el presupuesto europeo.

La UE tendrá que decir que no

Además, las autoridades de ambos países han hecho referencias poco disimuladas a un posible "Polexit" o "Huxit" en un intento de aumentar la presión sobre el bloque, aún tambaleante por el impacto que ha tenido y sigue teniendo el divorcio con el Reino Unido.** Sin embargo, eso es poco probable.**

"Todo el funcionamiento del régimen de Orban -que se basa en la corrupción estratégica y el abuso de los fondos de la UE-, este sistema político no es operativo fuera de la UE", señala a Euronews Daniel Hegedus, investigador visitante del think tank German Marshall Fund of the United States.

Zsolt Enyedi, profesor e investigador principal del Instituto de la Democracia de la Universidad Centroeuropea, coincide: "No creo que Orban abandone nunca voluntariamente la UE, principalmente por razones financieras".

"Pero creo que puede crear una situación en la que la UE no tenga más remedio que expulsar a Hungría", añadió. "Muchas de las agencias de calificación que supervisan la calidad de la democracia consideran que Hungría no es una democracia, y lo hacen por diversos hechos sobre el terreno".

"Si Orban sigue por este camino, habrá un punto en el que será descaradamente obvio que tenemos un régimen al estilo Putin -aunque no violento, sino en términos de ideología y mentalidad- dentro de la UE y entonces la UE tendrá que decir no a esto", argumentó.

Mucha ingenuidad

Sin embargo, no existe ninguna cláusula o artículo de este tipo en los tratados porque "la UE se basa en el Estado de Derecho y en la presunción de que todos los Estados miembros cumplen con sus componentes clave", dice Lazowski.

"Fue una gran ingenuidad creer que la política de preadhesión puede hacer milagros y que luego las reformas son inamovibles. Pero como hemos visto en Hungría, y sobre todo en Polonia, las cosas pueden deshacerse muy, muy rápidamente", añade.

En concreto, si Bruselas quisiera seguir el camino de la expulsión, probablemente tendría que exigir una revisión formal del Tratado para añadir ese procedimiento. El artículo 50, encargado de permitir que un Estado miembro pudiese irse si lo deseaba, se incluyó en el Tratado de Lisboa, que se adoptó en 2007 y entró en vigor en diciembre de 2009. Los trabajos de revisión del Tratado comenzaron ya en 2001.

Además, una vez revisado, el Tratado tendría que ser respaldado por unanimidad por los Estados miembros, algo que los gobiernos en el punto de mira de la UE sin duda rechazarían.

"Fue muy ingenuo no incluir un procedimiento como el que tenemos en el Consejo de Europa: el artículo 8 del Estatuto del Consejo de Europa, que permitió echar a Rusia en cuestión de un mes o menos de un mes desde la invasión", declaró Lazowski.

Lo que quieren los votantes

En última instancia, para Bruselas el mejor escenario sería que los votantes echaran a estos gobiernos a la calle eligiendo a más políticos liberales y favorables a la UE, evitando así la necesidad de expulsar a los Estados miembros.

El anuncio de Von der Leyen sobre la activación del mecanismo del Estado de Derecho contra Hungría se produjo dos días después de que se celebraran las elecciones en el país de Europa del Este, lo que sugiere que Bruselas estaba esperando un resultado diferente que hubiera anulado la necesidad de lanzar medidas punitivas.

Sin embargo, mientras que Hungría y Polonia han demostrado que el desmantelamiento de las salvaguardias del Estado de Derecho puede hacerse con la velocidad del rayo, lo contrario no es necesariamente fácil. En el caso de Hungría, donde los partidos de la oposición se unieron para presentar un frente anti-Orbán, romper el legado de Fidesz será probablemente difícil.

"Durante los últimos años, las normas y los reglamentos se modificaron de tal manera que prácticamente todos los responsables de la toma de decisiones -los que mandan en la judicatura, la fiscalía, la comisión electoral, los medios de comunicación, el deporte, el entretenimiento, las universidades y cualquier sector de la vida que se pueda imaginar- tienen cargos que duran ocho, diez, doce años o a veces de por vida", señaló Enyedi.

"Así que el nuevo gobierno no podrá destituir a estas personas. Estas personas seguirán decidiendo lo que importa", y seguirán "haciendo lo que Orban quiere", dijo.