Reforma eléctrica: ¿Qué son los contratos por diferencia?

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Un molino de viento. Derechos de autor Jan Woitas/(c) dpa-Zentralbild
Por Jorge Liboreiro
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Bruselas puso sobre la mesa una reforma del mercado eléctrico este martes.

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El mercadoeléctrico de la Unión Europea, que cumple 20 años, se encamina a una renovación. El mercado sufrió en 2022 el peor año de su historia, después de que los precios del gas se descontrolaran y elevaran la factura eléctrica a niveles insostenibles, provocando enormes dificultades financieras a los hogares y empresas europeos.

La causa fue la invasión rusa de Ucrania y la manipulación del suministro energético por parte del Kremlin, que generaron una volatilidad generalizada y una especulación desenfrenada. Aunque los precios han bajado desde entonces, la crisis sigue latente y persisten muchos interrogantes sobre la capacidad de la UE para afrontar el próximo invierno.

Para evitar que se repita el caos de 2022, la Comisión Europea ha propuesto una reforma del mercado eléctrico de la UE y ha pedido a los legisladores que traten el expediente con la máxima prioridad.

La reforma, sin embargo, no es la revisión fundamental que han exigido algunos países, como Francia y España, sino que se centra en cambios puntuales de las normas actuales.

Uno de los principales elementos del proyecto de plan es el llamado contrato por diferencia (CfD, por sus siglas en inglés), un tipo de contrato a largo plazo que se considera poco desarrollado en todo el bloque. En comparación, en el Reino Unido los CfD se asignan desde 2014.

A diferencia de un acuerdo comercial, un contrato por diferencias se firma entre un productor de electricidad y una autoridad estatal por un periodo de hasta 15 años. Los firmantes negocian una horquilla -o corredor- dentro de la cual los precios de la electricidad pueden fluctuar libremente.

Pero aquí es donde las cosas se ponen más interesantes: si los precios de mercado caen por debajo de la banda, el Estado está obligado a compensar al productor, pagando de hecho las pérdidas comerciales. Si, por el contrario, los precios de mercado superan la banda de fluctuación, el Estado tiene derecho a captar los ingresos excedentarios obtenidos por el productor y utilizar el dinero extra para ayudar a los hogares y las empresas.

Por eso la Comisión Europea denomina a estos contratos por diferencias "bidireccionales", porque funcionan tanto cuando los precios suben como cuando bajan.

Instrumentos de redistribución

Con la reforma propuesta, los CfD bidireccionales serán obligatorios para los nuevos proyectos de electricidad renovable y centrales nucleares, pero sólo si hay subvenciones de por medio.

Las energías renovables suelen requerir una gran inversión inicial para pagar los dispositivos, como aerogeneradores y paneles solares, y su instalación sobre el terreno. Estos elevados gastos pueden disuadir a los inversores de entrar en el sector de las renovables, sobre todo si creen que su contribución financiera no dará los frutos esperados.

La Comisión sostiene que los contratos por diferencias pueden ayudar a convencer a los inversores indecisos al actuar como garantía de que los ingresos se mantendrán estables y constantes a lo largo del tiempo.

Pero los CfD no pretenden regular artificialmente las tarifas eléctricas y se limitan a proporcionar herramientas de redistribución para compensar las oscilaciones extraordinarias de los precios en el mercado.

"Sólo en tiempos de crisis energética se necesita una protección adicional", ha afirmado Bram Claeys, asesor principal del Proyecto de Asistencia Reguladora (RAP), una organización no partidista dedicada a la transición ecológica.

"(Los CfD bidireccionales) pueden ofrecer una fuente de ingresos a los gobiernos para aliviar el impacto en los consumidores cuando los precios son altos".

Además, es importante tener en cuenta que los CfD constituyen ayudas estatales debido a la compensación que los gobiernos tienen que pagar a los productores cuando bajan los precios de la electricidad. Si esta compensación se prolonga, los presupuestos estatales pueden verse sometidos a presión y poner en entredicho la viabilidad de estos acuerdos especiales.

Por eso la Comisión recomienda a los Estados miembros que diseñen los CfD con una "limitación al alza" que pueda evitar compensaciones exorbitantes con el dinero de los contribuyentes. Además, el Ejecutivo insta a establecer "cláusulas de penalización" para los productores que, al ver que sus ingresos excedentarios son captados por el Estado, deseen salirse del contrato antes de la fecha de finalización.

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