La UE aprueba el decimotercer paquete de sanciones contra Rusia

Putin junto a Xi Jinping.
Putin junto a Xi Jinping. Derechos de autor Sergei Karpukhin/Sputnik
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Los embajadores de la Unión Europea han dado luz verde a nuevas sanciones contra Rusia a los pocos días del segundo aniversario del inicio de la invasión de Ucrania.

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Según ha podido saber 'Euronews' por fuentes diplomáticas en Bruselas, los embajadores de la UE han acordado un decimotercer paquete de sancionesa Rusia en el marco de la agresión a Ucrania. Este paquete es uno de los más amplios aprobados por la UE contra el kremlin. Se someterá a un procedimiento escrito y se aprobará formalmente para el 24 de febrero. Por primera vez apuntan a empresas en China continental sospechosas de ayudar al Kremlin a apoderarse de artículos prohibidos.

Las sanciones se centran principalmente en la lucha contra la elusión y persiguen a empresas de todo el mundo acusadas de proporcionar a Rusia tecnología avanzada y productos militares fabricados en la UE.

El paquete no cubre a ninguna persona presuntamente involucrada en la muerte de Navalni, el crítico más destacado del presidente Vladimir Putin. Tampoco se incluyeron restricciones más estrictas sobre el aluminio, ya que el tema sigue siendo divisivo.

Debemos seguir degradando la maquinaria de guerra de Putin
Ursula von der Leyen
presidenta de la Comisión Europea

También se han incluido en la lista negra empresas de Turquía y Corea del Norte

El bloque había intentado anteriormente castigar a un puñado de entidades con sede en China continental, pero las quejas de los funcionarios de Pekín y las reservas de algunos estados miembros impidieron la medida. Los vínculos cada vez más estrechos entre Rusia y China finalmente empujaron a los diplomáticos en Bruselas a darle una segunda oportunidad a la idea.

El comercio entre Rusia y China alcanzó un récord de más de 240.000 millones de dólares (213.000 millones de euros) en 2023, según cifras de aduanas del gobierno chino. La cifra supera fácilmente el objetivo de 200. 000 millones de dólares fijado por los dos países.

La nueva serie de sanciones de la UE, el decimotercer paquete desde febrero de 2022, también apunta a instituciones operadas por Rusia que reeducan a niños que han sido secuestrados en Ucrania. Los presuntos secuestros dieron lugar a una orden de arresto contra el presidente Vladímir Putin por parte de la Corte Penal Internacional, que trata el cargo como un crimen de guerra.

Hungría, contraria a las sanciones al Kremlin

La aprobación del paquete se programó para que coincidiera con el segundo aniversario de la guerra en Ucrania. El proceso fue frenado por Hungría, que está empeñada en impedir cualquier restricción que involucre a Rosatom, el monopolio nuclear de Rusia. Rosatom es el contratista principal en la ampliación de la central nuclear de Paks, que suministra más del 50% de la electricidad de Hungría.

A pesar del pequeño contratiempo, las sanciones se aprobaron tres días antes de la fecha límite simbólica autoimpuesta para conmemorar dos años desde que Rusia invadió Ucrania, a diferencia del año pasado, cuando el bloque casi no cumplió con el hito.

Las sanciones se centran en medidas contra la evasión de las propias sanciones

Las sanciones se centran principalmente en la lucha contra la elusión y persiguen a empresas de todo el mundo acusadas de proporcionar a Rusia tecnología avanzada y productos militares fabricados en la UE, en particular componentes de drones.

También se han atacado empresas de Turquía y Corea del Norte, entre otros países. Casi 200 personas y entidades, en su mayoría de Rusia, se han añadido a la lista negra, que ahora contiene más de 2.000 nombres. "Creo que tenemos que ser realistas", dijo O'Sullivan a 'Euronews' en diciembre. "Siempre habrá cierto grado de elusión. Se puede ganar dinero".

El año pasado, la UE introdujo una herramienta anti-elusión que permite al bloque restringir ciertos flujos comerciales con países en su conjunto, en lugar de con empresas específicas. Este instrumento se considera un último recurso y su activación depende de la aprobación unánime de los Estados miembros, un listón que se ha vuelto cada vez más difícil de cumplir.

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