Bruselas no ha puesto objeciones al veto español a una oferta húngara para hacerse con la totalidad de Talgo, fabricante nacional de trenes de alta velocidad.
PUBLICIDADLa decisión del Ejecutivo español de vetar la adquisición por parte de Hungría de Talgo, fabricante nacional de trenes de alta velocidad, ha recibido el respaldo implícito de la Comisión Europea, que no ha manifestado objeciones.
"La prerrogativa de tales decisiones corresponde a los Estados miembros", dijo un portavoz de la Comisión el jueves por la tarde, preguntado por la fallida transacción, y añadió que: "de acuerdo con los tratados de la UE, los Estados miembros pueden restringir las libertades del mercado único, como la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales por motivos de seguridad pública", también espeificó que estas medidas deben estar justificadas y "ser proporcionadas al objetivo perseguido".
La Comisión Europea señaló que, cualquier litigio entre las partes, sería resuelto en última instancia en Luxemburgo, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y no por el Ejecutivo de Bruselas.
Los comentarios se producen varios días después de que Madrid anunciara que bloquearía la adquisición del 100% de Talgo por Ganz MagVag Europe, un consorcio húngaro. La operación fallida estaba valorada en 619 millones de euros. El Gobierno español dijo el martes que la oferta habría entrañado "riesgos insuperables para la seguridad nacional y el orden público", sin dar más detalles. El comunicado calificaba a Talgo de "empresa estratégica en un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España".
Más tarde, el diario El País informó de que los servicios de inteligencia españoles habían elaborado un informe en el que daban la voz de alarma sobre los vínculos del consorcio con el Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y con Transmashholding, el mayor fabricante ruso de trenes y material ferroviario. El informe señalaba que el 45% del consorcio pertenece a Corvinus International Investment, un fondo de inversión estatal húngaro, mientras que el 55% restante procede de Magyar Vagon, una empresa que mantiene "conexiones informales" con la rusa Transmashholding.
Se dice que Andras Tambor, un alto ejecutivo del consorcio, tiene una estrecha relación con Orbán, algo no infrecuente en Hungría, donde el gobierno de extrema derecha ha ampliado significativamente su influencia sobre el sector privado.
La posibilidad de que Rusia se haga con la tecnología patentada por Talgo, que permite a las locomotoras cambiar de ancho de vía, también ha saltado a la palestra.
Dimensión geopolítica
En respuesta al veto, Ganz MagVag anunció que emprendería acciones legales y llevaría el asunto a Bruselas, con lo que el conflicto bilateral pasó a la escena europea. Pero la Comisión Europea declaró que ninguna de las partes se había puesto en contacto con ella, ni antes ni después del anuncio del veto. "La Comisión no necesita aprobar ex ante la decisión de España de vetar esta adquisición", declaró el portavoz de la Comisión.
La medida de Madrid es, sin embargo, excepcional: las transacciones comerciales entre Estados miembros de la UE son un fenómeno cotidiano y casi nunca fuente de controversia gracias a la confianza que los gobiernos se tienen mutuamente.
En los últimos años, el bloque se ha dotado de nuevas herramientas jurídicas para intensificar el control de las inversiones extranjeras, pero esto sólo se aplica a las empresas extracomunitarias, sobre todo chinas, que han montado adquisiciones de empresas nacionales en campos críticos.
El veto hace temer que disminuya la confianza en el mercado único como consecuencia de la insistencia de Hungría en desarrollar vínculos con Rusia, desafiando abiertamente las sanciones occidentales. La autodenominada "misión de paz" de Orbán, que a principios de julio lo llevó a Moscú para reunirse con Vladimir Putin, provocó airadas protestas y el boicot de la presidencia semestral húngara del Consejo de la UE, prevista hasta el 31 de diciembre.
La noticia coincide con una creciente polémica sobre la decisión de Budapest de flexibilizar los requisitos de visado para los trabajadores invitados rusos y bielorrusos. Bruselas advierte de que los cambios podrían facilitar el acceso a la UE de "posibles espías y saboteadores rusos", poniendo en peligro la seguridad del espacio Schengen, exento de pasaportes.