Varios Estados miembros del bloque de los 27 expresaron su preocupación y se comprometieron a proteger al Tribunal Internacional con sede en La Haya y a quienes trabajan en él.
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Líderes y legisladores de la UE cargaron el martes contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que este firmara la semana pasada una orden ejecutiva que impone sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI).
En noviembre del año pasado, la CPI emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. También se emitió una orden de detención contra el dirigente de Hamás Mohammed Deif.
Se espera que los Estados miembros de la Corte detengan a las personas contra las que pesa una orden de detención si pisan su territorio. Estados Unidos e Israel no son miembros del tribunal ni lo reconocen. En una declaración emitida por la Casa Blanca la semana pasada, Trump dijo que la CPI ilegítimamente "afirmó su jurisdicción sobre personal de Estados Unidos y algunos de sus aliados, incluido Israel, y abrió investigaciones preliminares al respecto".
El mandatario estadounidense añadió que el tribunal utilizó "su poder al emitir órdenes de arresto infundadas dirigidas contra Netanyahu y Gallant". El viernes, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo que las sanciones amenazan la independencia del tribunal y socavan el sistema de justicia penal.
Durante un debate en Estrasburgo, miembros del Parlamento Europeo reflejaron estas preocupaciones y hablaron en defensa del tribunal, comprometiéndose a salvaguardarlo y a quienes trabajan en él.
El impacto sobre la "rendición de cuentas en todo el mundo"
El ministro polaco de Asuntos de la Unión Europea, Adam Szłapka, reconoció el papel crucial de la CPI a la hora de "hacer justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más horrendos del mundo". "Es muy lamentable que el tribunal siga sufriendo amenazas, intimidaciones y presiones, cualquier amenaza contra el tribunal, su personal y quienes participan en el trabajo en la CPI es inaceptable", añadió.
El comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, afirmó que la decisión supone un grave riesgo para las investigaciones en curso de la CPI, "afectando a años de esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas en todo el mundo". "Ante las sanciones de EE.UU., la Unión es consciente de la urgencia de prestar apoyo al tribunal, tanto financiero como diplomático. Seguiremos utilizando las herramientas a nuestra disposición para proteger a la CPI", afirmó McGrath.
La eurodiputada neerlandesa Raquel García Hermida-van der Walle (Renovar Europa) señaló que Trump, de quien dijo que era "el hombre que la extrema derecha (en el Parlamento) tanto admira", no solo tiene en el punto de mira a los fiscales, sino también a los funcionarios que "han dedicado sus carreras, sus vidas a defender la paz y la seguridad". También se dirigió a la presidencia polaca del Consejo, preguntándole si apoyaría incondicionalmente a la CPI y si reprendería a los Estados miembros que socavan el derecho internacional.