La Venerable Orden Tercera de San Francisco ejecutó el pasado 7 de mayo el quinto intento de desahucio contra Mariano Ordaz, jubilado de 67 años que llevaba toda su vida en el mismo piso del barrio de Embajadores. El caso ha desatado una oleada de protestas y reaviva el debate sobre la vivienda.
Mariano Ordaz, un jubilado de 67 años, fue finalmente desahuciado el pasado jueves de la vivienda donde había residido toda su vida en el barrio de Embajadores, en el distrito Centro de Madrid, al ejecutarse la quinta orden de lanzamiento. En cuatro ocasiones previas, la presión vecinal había logrado frenar el proceso; esta vez no fue posible.
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Desde primera hora de la mañana, un fuerte dispositivo de la Policía Nacional acordonó la zona con hasta ocho furgones y cuatro coches policiales. La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Carolina Vilariño, lo resumía sin rodeos: demasiados agentes para sacar de su casa a un pensionista.
Ahora Ordaz no sabe qué va a hacer. Cree que podrá ir unas semanas a un albergue y un amigo le ha ofrecido una habitación por unos 400 euros. No tiene otra opción habitacional.
Un propietario con votos de pobreza y más de 300 pisos
El propietario del inmueble es la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís (VOT), una institución religiosa que, según sus críticos, gestiona su patrimonio con una lógica más próxima a la de un fondo de inversión que a la de una congregación religiosa. La orden es propietaria de más de 300 pisos tan solo en el centro de Madrid.
Varios inquilinos de pisos de la VOT señalan sus peculiaridades como arrendadora: les dejaban el precio un poco por debajo del mercado a cambio de hacer una reforma, porque los pisos estaban muy deteriorados. El mantenimiento de las zonas comunes era un desastre: goteras, ventanas rotas, luces que no funcionan, tuberías llenas de óxido.
La historia de Mariano Ordaz encaja en ese patrón. Tras la pandemia, se quedó sin trabajo y no pudo pagar las subidas del alquiler. Cuando le exigieron 800 euros mensuales más una deuda acumulada de 15.000 euros, lo tuvo claro: era inasumible. Tenía que comer, pagar la luz, el agua.
La orden justifica el desahucio alegando la necesidad de obras por el deterioro del edificio. Pero el Sindicato de Inquilinas apunta en sentido contrario: el "lamentable estado" del inmueble se debe a la falta de mantenimiento por parte de los propios propietarios, que habrían utilizado ese deterioro como pretexto para ejecutar el desahucio y vaciar el edificio.
La organización denuncia que la orden franciscana no es un pequeño propietario, sino una entidad con un vasto patrimonio inmobiliario exento de impuestos y gestora de centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís.
Sin moratoria y con la puerta abierta a miles de desahucios
El caso de Mariano no se entiende sin el contexto político que lo rodea. La moratoria antidesahucios decayó en el Congreso el pasado 26 de febrero con el voto en contra de las derechas. Con su derogación, el Sindicato de Inquilinas alerta de que personas como Mariano han perdido una de las pocas herramientas que tenían para defenderse.
El Sindicato advierte de que este caso abre la puerta a una oleada de hasta 60.000 desahucios de familias vulnerables en todo el Estado. Desde las organizaciones de inquilinos responsabilizan a varias administraciones: la Delegación de Gobierno, el Gobierno central por no derogar la Ley Mordaza, la Ministra de Vivienda, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.
El próximo 24 de mayo está convocada una manifestación en Madrid bajo el lema "La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios", que partirá desde Atocha a las 12:00.
Madrid, el mercado más tensionado de España
El desahucio de Mariano no es un caso aislado; es, según las organizaciones vecinales, el síntoma de un mercado roto. El mercado lleva 44 meses consecutivos de incrementos interanuales, una racha que comenzó en marzo de 2022. Desde entonces, el precio se ha disparado un 33%, dejando cada vez más familias fuera del mercado.
En Madrid, el distrito centro ha visto un aumento del alquiler del 21% en un año, con precios que rara vez bajan de los 2.000 euros mensuales. Que una orden religiosa con cientos de pisos en ese mismo centro opte por subir rentas hasta hacerlas inasumibles, y luego recurra a los tribunales para ejecutar los desahucios, le da al caso una dimensión que va más allá del conflicto entre propietario e inquilino.
El aumento de los alquileres y de los precios de la vivienda está dejando fuera del mercado a muchos españoles, pese al reciente auge económico. Los salarios no han crecido al mismo ritmo y, según los analistas, el auge del turismo y el crecimiento demográfico en las ciudades, impulsado por la inmigración, han tensionado aún más la oferta.