Varios países de la UE apoyan la propuesta de la Comisión Europea de permitir la aprobación tácita de proyectos para modernizar la envejecida red eléctrica europea, mientras otros han pedido a la presidencia chipriota de la UE que esa medida no sea obligatoria.
La aprobación tácita de permisos para nuevos proyectos energéticos se ha convertido en uno de los asuntos políticamente más explosivos de las negociaciones de la UE sobre la renovación de sus envejecidas redes eléctricas, según un documento al que ha tenido acceso 'Euronews'.
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En el marco de las propuestas para el nuevo paquete europeo de redes, determinadas fases del proceso de concesión de permisos para proyectos de infraestructuras energéticas destinados a modernizar la red eléctrica del bloque podrían seguir adelante automáticamente si las autoridades nacionales no responden dentro de los plazos fijados.
La idea de un consentimiento silencioso para este tipo de proyectos inquieta a las capitales de la UE, que temen que Bruselas esté intentando discretamente transferir competencias de las autoridades nacionales.
Los textos legislativos incluidos en el paquete de redes "introducen un sistema de aprobación tácita para las etapas intermedias de los procedimientos de concesión de permisos y de las decisiones administrativas. Los Estados miembros han expresado su preocupación por este enfoque e indicado que podría ser necesaria una mayor flexibilidad", señala el documento oficial.
La Comisión Europea sostiene que las normas propuestas para acelerar los proyectos de redes eléctricas y de energías renovables buscan equilibrar la protección del medio ambiente con los urgentes objetivos climáticos y energéticos.
En su propuesta presentada en diciembre, el Ejecutivo comunitario señala que los proyectos de red podrían beneficiarse de una presunción de interés público superior, lo que significa que se considera que aportan importantes beneficios públicos salvo que se demuestre lo contrario.
La medida pretende abordar uno de los mayores obstáculos de la UE para lograr la neutralidad climática en 2050, con proyectos atrapados durante años en un limbo administrativo.
La evaluación de impacto de la Comisión, presentada el pasado diciembre junto a su propuesta legislativa, muestra que los proyectos eléctricos tardan entre tres años y medio y siete años y medio en el caso de las redes de distribución y entre siete y diez años en las redes de transporte, e identifica la lentitud en la concesión de permisos como una de las principales causas de los retrasos, responsable de más de la mitad de ellos.
Según la propuesta, si las autoridades nacionales no actúan en un plazo de dos o tres años, en función de la complejidad del proyecto, las autorizaciones intermedias o actuaciones a lo largo del proceso se considerarán automáticamente aprobadas.
Los líderes de la UE insisten en la importancia de modernizar la red eléctrica del bloque como condición para alcanzar sus objetivos climáticos. Argumentan que la UE no puede electrificar su economía, abandonar los combustibles fósiles ni competir a nivel industrial sin construir o modernizar la infraestructura de red a una velocidad sin precedentes.
El sector de las energías renovables también se ve afectado, con parques eólicos que esperan durante años para conectarse a la red. Las interconexiones transfronterizas siguen bloqueadas en los trámites de autorización y las administraciones nacionales avanzan a menudo demasiado despacio para ajustarse a los objetivos climáticos de la UE.
¿Transferencia de poder?
En las capitales europeas, los gobiernos perciben cada vez más la propuesta no como una mera simplificación administrativa, sino como una silenciosa transferencia de poder de las autoridades nacionales a Bruselas.
En las negociaciones a puerta cerrada, los países de la UE advirtieron de que las aprobaciones automáticas de trámites podrían generar inseguridad jurídica, debilitar los controles medioambientales y socavar los sistemas administrativos nacionales.
Varios países reclamaron "más flexibilidad" en el diseño de las normas de aprobación tácita, según los documentos de compromiso difundidos por la presidencia chipriota de la UE, incluida la posibilidad de que el consentimiento silencioso no sea obligatorio.
Mientras que países como Dinamarca, Países Bajos, Polonia y Eslovenia consideran razonable la propuesta de la Comisión, Francia y Alemania se oponen a la idea de una aprobación tácita obligatoria de los permisos y decisiones administrativas relacionadas con nuevos proyectos energéticos, según un responsable comunitario.
Otros estados miembros pidieron a la Presidencia que dejara en manos de cada país decidir si la aprobación tácita sería obligatoria u opcional, una medida que la Presidencia chipriota probablemente adoptará.
"La Comisión querría que fuera obligatoria para todo, mientras que la Presidencia propone que se aplique únicamente a la decisión final de los proyectos que solicitan permisos", explicó a 'Euronews' un segundo diplomático de la UE.
Por su parte, los países bálticos reclamaron más garantías para evitar comprometer la seguridad nacional. La disputa se ha convertido en una de las principales líneas de fractura política en las negociaciones sobre el llamado paquete de redes de la UE. En muchos Estados miembros, las decisiones sobre permisos afectan a ámbitos políticamente explosivos, como los derechos sobre la tierra, la oposición local, los litigios medioambientales y las competencias de ordenación del territorio a nivel regional.
Los gobiernos temen que se les responsabilice en el plano interno de proyectos que parezcan haber sido aprobados sin apenas debate bajo presión de la UE.
La sensibilidad es especialmente acusada en países donde la planificación del uso del suelo se considera una competencia nacional esencial, como Austria y Alemania. Al mismo tiempo, los negociadores se enfrentan por otras disposiciones que limitarían hasta dónde pueden llegar los gobiernos a la hora de designar zonas en las que se prohíben proyectos de energías renovables.
Urgencia frente a soberanía nacional
En conjunto, las medidas han alimentado las acusaciones de algunas delegaciones de que Bruselas está aprovechando la transición energética para ampliar su alcance a esferas de poder tradicionalmente nacionales. Esta situación deja a la Presidencia chipriota tratando de lograr un compromiso entre dos presiones cada vez más difíciles de conciliar, la urgencia y la defensa de la soberanía nacional.
El Consejo ya ha reclamado un "ambicioso paquete de redes" para reforzar la resiliencia de las infraestructuras europeas y acelerar los procedimientos de concesión de permisos en todo el bloque. Los responsables comunitarios advierten de que, sin una aceleración drástica, los cuellos de botella en las redes europeas podrían convertirse en una de las mayores amenazas para la competitividad industrial y la descarbonización.
Pero los gobiernos se mantienen firmes en su voluntad de preservar el margen nacional de decisión sobre infraestructuras políticamente sensibles. La UE aspira cada vez más a coordinar de forma sincronizada sus políticas para garantizar la seguridad energética y la neutralidad climática, pero los estados miembros siguen siendo reacios a ceder el control sobre la forma en que se aplican esos objetivos en su propio territorio.
La Presidencia chipriota de la UE aspira a lograr un acuerdo general en la próxima reunión de ministros de Energía en Bruselas el 26 de junio, lo que fijaría la posición negociadora del Consejo antes de unas conversaciones más intensas con el Parlamento Europeo a finales de año.