Grecia ha detenido a 14 personas e investigado a otras 23 por una trama que defraudó ayudas agrícolas del OPEKEPE entre 2019 y 2024. La organización presentó solicitudes falsas sobre terrenos no propios, obteniendo ilegalmente 2,47 millones de euros.
Las autoridades griegas han detenido a 14 personas, entre ellas el cabecilla y el coordinador ejecutivo de la organización criminal, por el caso de fraude con las ayudas agrícolas del OPEKEPE, en el marco de la operación 'THERISMOS'.
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En la causa penal que se formó tras la operación coordinada de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado, realizada el miércoles en zonas de Kozani y Agrinio, figuran además otras 23 personas, así como cuatro personas jurídicas, mientras que miembros de la organización criminal fueron también otras dos personas ya fallecidas.
Se les imputan, según los casos, delitos de pertenencia a organización criminal, fraude en subvenciones cometido de forma profesional y continuada, infracciones de la legislación sobre armas y sobre declaraciones responsables, así como blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas.
Previamente se había realizado una investigación prolongada y exhaustiva del Departamento de Protección de la Propiedad Pública y Recursos Europeos de la Subdirección de Delitos Económicos, llevada a cabo por orden del fiscal competente, sobre la actividad de grupos criminales que obtenían ilegalmente ayudas económicas del OPEKEPE mediante el uso de datos falsos.
Cómo operaba la organización criminal
Según se ha acreditado, el cabecilla creó y dirigió la organización criminal con el objetivo de obtener beneficios ilícitos mediante la presentación de falsas solicitudes únicas de ayuda (EAE) ante el OPEKEPE, tanto en su propio beneficio como en el de personas de su entorno familiar y de otros allegados.
La organización estaba formada por miembros principales y periféricos, que actuaban de forma coordinada y presentaron, durante los años 2019 a 2024, solicitudes de ayuda en las que declaraban falsamente que cultivaban o explotaban fincas y parcelas como si fueran de su propiedad o estuvieran arrendadas. Se constató que la actividad de la organización continuó al menos por parte de uno de sus miembros también en 2025.
De la investigación en su conjunto se desprende que gran parte de las superficies declaradas no se correspondía con el régimen real de propiedad, ya que pertenecían a organismos públicos, entidades de la Administración local, servicios del Estado griego, empresas de gestión de energías renovables, empresas privadas y otros entes.
Paralelamente, miembros de la organización figuraban ficticiamente como arrendadores de parcelas a terceros solicitantes, aunque dichas superficies no les pertenecían. De este modo se creaba un falso soporte de legalidad para la presentación de solicitudes de ayudas económicas y el cobro fraudulento de subvenciones.
Además, se aseguraban de que las superficies declaradas ilegalmente se repartieran entre un gran número de personas y se presentaran distintas solicitudes, con el fin de maximizar por un lado el beneficio ilícito y, por otro, dificultar la labor de control de las autoridades competentes.
El papel de los Centros de Recepción de Declaraciones
Para el funcionamiento de la organización resultó decisivo el papel de personas vinculadas a Centros de Recepción de Declaraciones (KYD), a través de los cuales se realizaba el registro y la validación definitiva de las solicitudes únicas de ayuda.
La organización se servía de más de un Centro de Recepción de Declaraciones vinculado, alternando su uso cada año, con el objetivo de dificultar la detección del origen común de las solicitudes y engañar al control administrativo.
Según se ha constatado, en todo el proceso de ejecución de la actividad delictiva desempeñaron un papel activo y de dirección dos empleados de KYD, que además presentaban también sus propias solicitudes falsas ante el organismo.
Asimismo, la implicación de cuatro personas jurídicas y estructuras cooperativas facilitó aún más la captación de nuevos miembros, la búsqueda de beneficiarios y la ocultación de la verdadera dimensión de la actividad delictiva, al generarse en torno a las personas implicadas un entorno empresarial aparentemente legal.
El beneficio ilegal roza los dos millones y medio de euros
Del análisis de los datos de pagos recabados en el marco de la investigación se desprende que el beneficio económico ilícito total que obtuvo la organización criminal por las subvenciones del OPEKEPE, durante los años 2019 a 2024, asciende a 2.466.179,59€.
Asimismo, la amplia investigación económica y bancaria constató que al menos en seis casos las ayudas abonadas ilegalmente se ingresaban en cuentas bancarias en las que el cabecilla figuraba como cotitular. Del análisis de los flujos de dinero se desprende que parte de las subvenciones era retirada directamente por él o transferida a otras cuentas vinculadas a su persona, lo que evidencia su papel central en la gestión de los beneficios económicos ilícitos.
Además, han surgido indicios de infracciones de la legislación fiscal por un importe de unos 2.700.000€, cuyos hallazgos se remitirán a las autoridades tributarias competentes para su posterior evaluación e investigación.
En total, en los registros practicados en viviendas, vehículos, personas jurídicas y Centros de Recepción de Declaraciones, con la colaboración de agentes de la Dirección de Policía de Kozani, se localizaron e incautaron 16.820 euros, cinco liras de oro, abundante documentación relacionada con la investigación, numerosas tarjetas bancarias, teléfonos móviles, un dispositivo de almacenamiento externo portátil (USB), notas manuscritas, diversos sellos, entre ellos uno falso con un número de identificación fiscal inexistente, libretas bancarias y dos escopetas de caza.
Asimismo, durante los registros se hallaron catorce plantas de cannabis, 147,3 gramos de cannabis, un tarro con 60,1 gramos de cannabis sin procesar y un molinillo metálico con restos de esta sustancia.
Por la posesión de estos estupefacientes fue detenido un familiar de uno de los arrestados, contra quien se instruyó una causa independiente por infracción de la legislación sobre drogas. Los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía competente.