El asesinato de una escolar de 11 años en Francia ha desatado la indignación contra el sistema judicial del país y ha llevado al ministro a revisar en masa casos de abusos a menores, aunque los expertos dudan de que el plan sea viable.
El ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, ha ordenado a los fiscales revisar unos 70.000 casos pendientes de abusos sexuales a menores antes del 14 de julio, en pleno aluvión de críticas por la actuación de la Justicia en el asesinato de una escolar en las últimas semanas.
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La niña de 11 años, identificada por los medios como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en el suroeste de Francia y fue hallada muerta seis días después. En medio de una oleada de dolor, salió a la luz que las autoridades no habían investigado debidamente a su presunto asesino, Jérôme Barella, pese a las denuncias previas de agresiones sexuales a menores.
Darmanin anunció su plan el 8 de junio y afirmó que "ni un solo magistrado superior se irá de vacaciones" —y que él tampoco lo haría— hasta reunirse con "todos y cada uno de los fiscales generales" para hacer balance de la situación. Fijó como fecha límite el 14 de julio, lo que deja a los fiscales algo más de cinco semanas para alcanzar el objetivo.
En la práctica, el umbral de 70.000 expedientes supone revisar unas 14.000 causas por semana de media, es decir, más de 2.000 por día laborable.
La viabilidad de este ambicioso plan se ha puesto en duda, habida cuenta de la lentitud crónica de la Justicia francesa, que se sitúa entre las que tienen menos jueces profesionales de Europa, según datos del Consejo de Europa.
El Gobierno francés defiende que el plan es realizable
Para el Gobierno francés no hay dudas, el plan de "70.000 casos en cinco semanas" es viable. Un portavoz del Ministerio de Justicia nos explicó que el objetivo era alcanzable porque, en teoría, los investigadores ya han incoado estos expedientes y ahora solo se trata de revisarlos.
"El objetivo de revisar estos casos no es 'descubrir' estos expedientes, porque son asuntos que ya están siendo tramitados por los tribunales, las fiscalías y los investigadores", señaló Sacha Straub-Kahn.
El Ministerio de Justicia quiere obtener una visión global de los casos y de sus principales características, saber en qué puntos de Francia se están tramitando y cuántos corresponden a cada tribunal de apelación.
"El otro objetivo es crear una subprioridad y dar preferencia a los casos que afectan a menores que siguen siéndolo en este periodo", indicó Straub-Kahn. "Cuando tienes 45 años, objetivamente, aunque los delitos sean graves y vayan a ser perseguidos, el nivel de protección que esperamos de la Justicia no es el mismo que cuando se trata de un niño de 12 años que sigue teniendo 12 y ha presentado una denuncia".
Una de las grandes incógnitas sobre esta revisión masiva es si el Gobierno liberará recursos adicionales para ayudar a los fiscales a cribar la montaña de expedientes. Por el momento, todo apunta a que no será así.
Straub-Kahn adelantó que, en esta fase, no se movilizará ningún equipo específico para apoyar a la judicatura en esta revisión masiva. "Esta es la misión principal de los fiscales, los fiscales jefes y sus equipos, incluidos los fiscales adjuntos", afirmó. "Somos muy conscientes de que se suma a otras tareas, pero, una vez más, la cuestión es qué prioridades nos fijamos".
"Después del 14 de julio siempre podremos debatir, a nivel local, qué recursos adicionales, incluido personal, hacen falta para tramitar estos casos", añadió Straub-Kahn.
Un gesto de cara a la galería
Muy distinta es la valoración de los profesionales del sector privado y de los sindicatos, muchos de los cuales han echado un jarro de agua fría sobre el plan de Darmanin.
Ségolène Marquet, secretaria permanente del Sindicato de la Magistratura y antigua jueza de menores, nos explicó que le preocupa que la rapidez de la revisión pueda dar lugar a errores. "Esto se parece mucho a un golpe de efecto que no mejorará el tratamiento de los casos e incluso puede tener un efecto perverso", advirtió. "Cuando tramitamos demasiado deprisa los casos de violencia sexual, existe el riesgo de que se archiven sin más, algo mucho más rápido que llevar a cabo una investigación en profundidad".
Marquet recordó además que durante las cinco semanas que durará la revisión también se presentarán nuevas denuncias ante las fiscalías, muchas de ellas quizá aún más urgentes que los asuntos pendientes que se están analizando. "Esta revisión solo afecta además a los 70.000 casos registrados en los tribunales, pero no sabemos cuántas denuncias están aún pendientes en las comisarías y las fiscalías ni siquiera tienen conocimiento de ellas", añadió.
Los abogados también han expresado sus dudas sobre la viabilidad del plan, con opiniones que van desde un cauto optimismo hasta el escepticismo abierto.
Jérome Navy, abogado parisino especializado en derecho penal, mercantil y de propiedad intelectual, calificó la revisión de "ambiciosa pero realizable", insistió en que exige "recursos humanos y financieros adicionales" y advirtió de que dar prioridad a los casos que afectan a menores puede hacerse "en detrimento de otros tipos de asuntos".
"Esta revisión no debería afectar de forma significativa al número de juicios o condenas", señaló. "Los jueces de instrucción y los tribunales seguirán desbordados, salvo que se acometa una gran reforma del proceso penal y/o un aumento sustancial del presupuesto de la Justicia".
La penalista Gwendoline Tenier dijo estar "realmente preocupada" por que la revisión se haga con prisas y se pasen por alto asuntos que normalmente exigirían un examen minucioso, en el afán de reducir cuanto antes la acumulación de casos.
"Nos enfrentamos a situaciones extremadamente graves en las que los menores han sido o deben ser oídos, y en las que hay que decidir si se encargan peritajes tanto psicológicos como forenses", explicó.
Tenier añadió que coincidía en que es necesaria una revisión de la forma en que se tratan los casos de maltrato infantil, pero recordó que jueces y abogados llevan años reclamando algún tipo de actuación.
"Varios responsables políticos han propuesto crear una fiscalía especializada, como ocurrió en España", señaló, en alusión a las unidades de fiscalía de menores y a los dispositivos contra la violencia machista que centralizan la protección de la infancia.
"Habida cuenta de los desafíos sociales que afronta el país y de que aquí también nos enfrentamos a la violencia doméstica, la idea no carece de sentido", añadió Tenier. "Pero eso es distinto de resolver la situación de 70.000 casos en seis semanas".