Las nuevas normas migratorias del bloque entraron en vigor el viernes, tras meses de disputas políticas. Pero, ¿qué es lo que cambia con esta reforma?
Una profunda reforma de las normas europeas de migración, destinada a endurecer los procedimientos fronterizos y a revisar a fondo el sistema de asilo, entra en vigor el viernes.
"Por primera vez contamos con un sistema europeo integral", declaró Magnus Brunner, responsable de Migración de la Unión Europea, que añadió que la reforma dará a los países de la UE un mayor control sobre sus fronteras.
Estas son las principales claves de la nueva iniciativa:
Controles fronterizos reforzados
Los migrantes que entren de forma irregular en la Unión Europea se someterán a comprobaciones de identidad y seguridad en un procedimiento que podrá durar hasta siete días. Los documentos de identidad y los datos biométricos de su rostro y huellas dactilares se registrarán en una base de datos.
El cribado servirá para determinar quién debe seguir un procedimiento de asilo acelerado o estándar y quién debe ser devuelto a su país de origen o de tránsito.
Procedimiento acelerado de rechazo
Uno de los grandes problemas del sistema de inmigración de la UE para algunos Estados miembros ha sido la escasa autonomía a la hora de decidir sobre la tramitación de los migrantes y la duración de estos procedimientos. El nuevo sistema pretende agilizar los trámites, sobre todo en los casos de denegación.
Los solicitantes de asilo considerados un riesgo para la seguridad o con pocas posibilidades de obtener el estatuto de refugiado, como los procedentes de países como Marruecos o Bangladés cuyos nacionales ven rechazada la protección en al menos el 80% de los casos, serán tramitados con mayor rapidez.
Sus peticiones se procesarán en centros cercanos a las 'fronteras exteriores' de la UE, es decir, fronteras terrestres, puertos y aeropuertos, en un procedimiento que podrá prolongarse hasta 12 semanas. Para el resto de solicitantes de asilo seguirá aplicándose el procedimiento estándar.
Mecanismo de solidaridad
Según las normas de la UE, el país en el que un migrante irregular pisa por primera vez suelo comunitario es responsable de tramitar su caso. Esto carga de presión a Italia, Grecia y Malta, que en los últimos años han recibido la mayor parte de las llegadas por tierra y mar.
Para aliviar esa carga, la reforma introduce un mecanismo de solidaridad que obliga a los Estados miembros a acoger a un número determinado de solicitantes de asilo llegados a otros países. Como alternativa, podrán pagar 20.000 euros por cada solicitante de asilo a los países sometidos a mayor presión. Al menos 30.000 solicitantes de asilo al año entrarán en este sistema de reubicación.
Las negociaciones sobre este punto ya han demostrado ser difíciles, después de que en una primera ronda celebrada el año pasado varios países se negaran a aceptar cualquier reubicación.
Plan de contingencia
El paquete establece una respuesta de emergencia en caso de repuntes inesperados de llegadas, el mismo tipo de crisis al que se enfrentó la UE en 2015 y 2016, cuando más de dos millones de solicitantes de asilo entraron en el bloque, muchos procedentes de Siria y Afganistán, países en guerra.
Permitirá a los Estados miembros reducir las garantías para los solicitantes de asilo, lo que hará posible mantenerlos retenidos más tiempo del habitual en centros de detención situados en las fronteras exteriores de la UE.
El sistema también se aplicará a la llamada "instrumentalización" de los flujos migratorios, acusación que se dirige a menudo contra Bielorrusia y Rusia, a las que los vecinos de la UE reprochan empujar a migrantes a cruzar la frontera para desestabilizar al bloque de 27 países.
Críticas a los nuevos mecanismos
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos muestran su preocupación por numerosos aspectos del nuevo sistema. Sostienen que las nuevas normas supondrán de facto que la mayoría de los migrantes, incluidos los menores, permanezcan detenidos durante todo el proceso.
También les preocupa que los nuevos procedimientos y la rapidez en la toma de decisiones sobre los casos individuales acaben, en la mayoría de los supuestos, en un nuevo periodo de detención para los migrantes recién llegados.
Una docena de Estados miembros aún no ha ultimado los preparativos, incluido el despliegue de la infraestructura necesaria para aplicar los nuevos procedimientos de cribado. Otros han tenido problemas con la base de datos biométrica.
Desde la adopción de los cambios, la opinión pública se ha endurecido aún más sobre migración, lo que ha llevado a los Estados de la UE a reclamar nuevas medidas. Un nuevo paquete de medidas destinado a aumentar las deportaciones de solicitantes de asilo rechazados avanza ahora con rapidez en el proceso legislativo de la UE.
Esto refuerza la preocupación de las organizaciones de derechos humanos de que las consideraciones humanitarias estén quedando relegadas frente a la política en Europa.