Bielorrusia utiliza las migraciones forzadas hacia el territorio comunitario como arma de guerra híbrida. Las ONG denuncian prácticas contrarias al Derecho internacional a uno y otro lado de la frontera.
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En el paso fronterizo de Polowce-Pieszczatka reina un silencio inquietante. Los guardias fronterizos, fuertemente armados, permanecen inmóviles con la mirada fija al otro lado del bosque cubierto de nieve.
Una valla de acero de cinco metros de altura, adornada con cámaras térmicas y cables con sensores, se extiende hasta donde alcanza la vista. La gran carretera intermedia, antaño utilizada para el transporte de mercancías, se encuentra bloqueada con sucesivas barreras de hormigón, erizos checos -unas estructuras defensivas que sirven de obstáculo- y alambre de espino. Vehículos de infantería se mueven de un lado a otro, listos para ayudar a los guardias. La escena sugiere que un peligro inminente está a punto de acontecer. Pero no parece ocurrir nada.
Desde hace casi cuatro años, Polonia se encuentra en estado de alerta permanente por culpa de su vecina Bielorrusia, acusada de atraer a solicitantes de asilo de otros países y empujarlos hacia la frontera polaca con el propósito de presionar a su vecinos.
Las autoridades de Varsovia están convencidas de que la campaña es una represalia del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, por las sanciones que la Unión Europea le impuso tras las elecciones presidenciales de 2020, desacreditadas por su falta de libertad e imparcialidad. Lukashenko, dicen, da órdenes en connivencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, que ha intentado de múltiples formas castigar al bloque por su apoyo a Ucrania.
"Nuestra máxima prioridad es detener esta ruta migratoria creada artificialmente y no permitir que la gente cruce la frontera ilegalmente", declara el viceministro de Interior polaco Maciej Duszczyk ante un grupo de unos 60 periodistas, entre ellos 'Euronews', que la semana pasada visitó el paso fronterizo.
6.000 soldados
Unos 6.000 soldados están desplegados actualmente para apoyar a los guardias que vigilan los 247 kilómetros de frontera con Bielorrusia. El despliegue podría aumentar hasta 17.000, si es necesario. Polonia no tiene ninguna duda: esto es más que un asunto migratorio: es una guerra híbrida.
El paso fronterizo Polowce-Pieszczatka también forma parte del "Escudo Oriental". Se trata de una iniciativa militar que Polonia ha puesto en marcha para construir fortificaciones en el flanco oriental de la OTAN con el fin de disuadir cualquier posible agresión militar. Polonia insiste en que el "Escudo Oriental", cuyo desarrollo está previsto hasta 2028, no es un programa diseñado para abordar la migración, aunque ambas cuestiones se hayan entrelazado sobre el terreno.
"Esta es también la frontera tanto de la Unión Europea como del territorio de la OTAN", dice el coronel Mariusz Ochalski, de las Fuerzas Armadas, junto a los erizos de hormigón. "Desde esa perspectiva, nuestra actividad militar no sólo es un elemento vital de los preparativos en Polonia para cualquier actividad desde el lado oriental, sino también para la defensa de los países europeos y de la OTAN".
Las ONG denuncian vejaciones y devoluciones en caliente
Las barricadas de Polowce-Pieszczatka son un crudo recordatorio de la nueva realidad que Lukashenko ha forjado con su campaña de migración instrumentalizada, cuya intensidad fluctúa según la coyuntura política.
El año pasado, las autoridades registraron 29.707 intentos de cruce en la frontera, la cifra más alta desde el primer año de la crisis, cuando se superaron los 37.000 y saltaron todas las alarmas. A modo de comparación, en 2020 solo hubo 117 intentos. En 2018, solo hubo tres.
Varsovia espera que las llegadas aumenten en marzo, cuando las temperaturas se vuelvan más cálidas, aunque las cosas podrían deteriorarse tras las elecciones presidenciales en Bielorrusia. "Es muy impredecible y está bien organizado", dice Andrzej Stasiulewicz, comandante adjunto de la División de la Guardia Fronteriza de Podlaski.
Hay, sin embargo, algunos rasgos constantes en los flujos migratorios. Los solicitantes de asilo de países como Eritrea, Etiopía, Somalia, Siria o Yemen llegan primero en avión a Minsk, a menudo con visados bielorrusos o rusos. Los migrantes pagan entre 8.000 y 12.000 dólares (entre 7.700 y 11.500 euros) por el viaje.
Una vez en Bielorrusia, cuentan con la ayuda de un "facilitador" que los acerca a la frontera y les da instrucciones sobre cómo entrar en territorio polaco. En la mayoría de los casos, estos "facilitadores" son ciudadanos ucranianos con derecho legal de estancia en Polonia que buscan una forma fácil de ganar dinero extra: hasta unos 500 dólares (481 euros) por cada persona que transportan.
Los servicios estatales bielorrusos están estrechamente implicados en toda la trama, según Stasiulewicz, y proporcionan a los solicitantes de asilo "herramientas peligrosas" para atacar a los guardias fronterizos polacos. El asesinato de un soldado de 21 años dio lugar a un proyecto de ley que suaviza las restricciones al uso de armas de fuego.
La valla de alta tecnología y el amplio despliegue de personal han demostrado su eficacia en la contención de la crisis: de los 29.707 intentos de cruce de la frontera en 2024, aproximadamente 10.900 tuvieron éxito. De ellos, solo una minoría solicitó asilo: el año pasado, Polonia registró 2.434 solicitudes presentadas por inmigrantes detenidos en la frontera.
Las autoridades afirman que el desfase entre los intentos de cruce fronterizo y solicitudes de asilo se explica por la desinformación suministrada por Bielorrusia, que hace creer a los migrantes que pueden solicitar asilo directamente en Alemania, su destino deseado. Cuando se dan cuenta de que, según las normas de la UE, deben solicitarlo en el primer país de llegada (Polonia) y permanecer allí a la espera de una decisión final, muchos de ellos regresan voluntariamente.
Las organizaciones humanitarias dicen que existe otra cara de la historia: las devoluciones o la práctica prohibida de expulsar a los inmigrantes para impedirles el acceso al proceso de asilo. En un demoledor informe publicado en diciembre, Human Rights Watch descubrió un "patrón constante de abusos" por parte de militares polacos contra los migrantes que incluía "empujones ilegales, palizas con porras, uso de gas pimienta y retirada o destrucción de sus móviles".
El informe describía cómo algunos migrantes eran expulsados tras haberse adentrado en territorio polaco, lejos de la frontera, mientras que otros eran "coaccionados a firmar papeles" que, sin que ellos lo supieran, significaban la negativa a solicitar asilo.
Según Human Rights Watch, los devueltos a Bielorrusia sufren "violencia y un trato inhumano y degradante". Una mujer etíope relató cómo los guardias bielorrusos la obligaron a desnudarse y amenazaron con violarla.
"Las acciones abusivas de los funcionarios bielorrusos, incluido el hecho de obligar a las personas a cruzar la frontera con Polonia, no eximen a Polonia de su obligación de proteger los derechos de quienes entran en su territorio y de la prohibición de devolver por la fuerza a nadie a un riesgo real de sufrir abusos", advierte sin embargo Human Rights Watch, en referencia al principio internacional de no devolución.
Ante la pregunta de si las devoluciones contribuían a frustrar los cruces, Stasiulewicz, el comandante adjunto, dice que los migrantes detenidos en las "inmediaciones" del lado polaco de la frontera pueden ser devueltos rápidamente a Bielorrusia "de acuerdo con nuestro marco jurídico".
Un panorama sorprendentemente similar pintó en septiembre el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC). La organización publicó un informe en el que hablaba de "alarmantemente comunes" rechazos y de "condiciones implacables" en la gélida frontera.
Estas devoluciones en caliente impiden a los refugiados solicitar asilo o protección internacional en Polonia. Una vez que los refugiados cruzan a territorio polaco son escoltados a la fuerza de vuelta a la frontera y empujados al otro lado de la valla, declaró el NRC. Durante el recorrido con periodistas, el Viceministro Duszczyk rechaza las acusaciones, diciendo que prefiere el término "devoluciones".
"Migración y seguridad": el giro hacia la derecha de la Unión Europea
A pesar de la polémica sobre las prácticas ilegales en la frontera, Polonia parece estar ganando el debate político y, de paso, reformulando el abordaje de la UE sobre este tema.
Tradicionalmente, las naciones europeas han abordado la migración como un tema principalmente socioeconómico. La crisis migratoria de 2015-2016 provocada por la emergencia humanitaria en Siria, que llevó las solicitudes de asilo a niveles sin precedentes, amplió este debate a asuntos como la cohesión social, la delincuencia callejera y los derechos humanos, así como el mal llamado reparto de cuotas entre los países de la UE.
Europa Central nunca ha sido una ruta destacada para los migrantes que buscan llegar a territorio de la UE y presentar sus solicitudes de protección internacional. En su lugar, los migrantes han volado directamente a su lugar de destino o han recurrido a la ruta más factible (y peligrosa) para desplazarse entre continentes: el mar Mediterráneo.
En opinión de Polonia, la única razón por la que de repente llegan a su frontera migrantes de forma masiva se debe a los esfuerzos bielorrusos por sus objetivos políticos. El primer ministro polaco, Donald Tusk, conmocionó a Bruselas en octubre cuando anunció planes para establecer una "suspensión temporal y territorial" del derecho de asilo en respuesta a la guerra híbrida de Lukashenko, argumentando que su Seguridad nacional estaba amenazada. "Este derecho de asilo se utiliza exactamente en contra de la esencia del derecho de asilo", dijo.
Tusk también insistió en su negativa de aplicar el nuevo Pacto de Migración, una reforma legislativa que la UE aprobó en 2024 para gestionar colectivamente la llegada de nuevos solicitantes de asilo. El primer ministro dijo que el pacto, que incluye un reglamento con normas especiales para hacer frente a los casos de instrumentalización, "perjudicaría" la seguridad polaca.
La Comisión Europea reaccionó rápidamente, recordando que los Estados miembros tienen la "obligación" de facilitar el acceso al procedimiento de asilo, consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La Comisión dijo que el Pacto era "vinculante" para todos los países y no preveía la suspensión del derecho. Pero pocos días después, el tono empezó a cambiar.
Tusk llegó a una cumbre de la UE y presentó su nueva estrategia, con un ángulo que fusionaba migración y seguridad en uno solo. Su planteamiento no suscitó reservas entre los demás líderes presentes en la sala, según varios diplomáticos, y recibió un respaldo explícito en las conclusiones, que rezaban así: "Las situaciones excepcionales requieren medidas apropiadas".
Durante la cumbre, Tusk dijo que se estaba inspirando en una ley de emergencia que Finlandia había introducido en julio y que, según los juristas, legaliza 'de facto' las devoluciones en caliente.
En diciembre, este giro ideológico se había completado. La Comisión, en una de las primeras iniciativas del nuevo mandato, publicó un documento de 10 páginas con directrices para "contrarrestar las amenazas híbridas derivadas de la militarización de la migración y reforzar la seguridad en las fronteras exteriores de la UE".
El documento, que menciona la palabra "seguridad" unas 40 veces, establece circunstancias en las que los Estados miembros pueden limitar "ciertos derechos fundamentales", como el derecho de asilo, siempre que la medida "se limite a lo estrictamente necesario".
En declaraciones a los periodistas, la Vicepresidenta Ejecutiva Henna Virkunnen adoptó una postura similar a la de Varsovia. "Aquí no estamos hablando de políticas migratorias", dijo. "Se trata de seguridad. Es una cuestión de seguridad". Las organizaciones humanitarias pusieron el grito en el cielo, afirmando que el hecho de que los migrantes estén siendo objeto de instrumentalización no significa que sus solicitudes de protección internacional no sean válidas.
"Este cínico razonamiento ignora el hecho de que los refugiados y migrantes atraídos a las fronteras de la UE sufren a menudo violaciones de derechos humanos en el proceso, tanto por parte de la UE como de Bielorrusia", afirma Adriana Tidona, investigadora de Amnistía Internacional. "Aunque vemos una tendencia creciente a invocar consideraciones de seguridad en relación con la migración, debemos resistirnos a los intentos de normalizar las "situaciones de emergencia" frente a los derechos humanos".
Polonia no se inmuta. Para su presidencia semestral del Consejo de la UE, el país presentó un programa bajo el lema "¡Seguridad, Europa!" que desglosaba el concepto de seguridad en siete dimensiones diferentes.** Una de ellas, por supuesto, era la migración.