Polonia no recibirá el reembolso de los 320 millones de euros de fondos de la Unión Europea que perdió durante su prolongada disputa con Bruselas sobre la independencia judicial.
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La Comisión Europea actuó correctamente al deducir 320 millones de euros de la parte del presupuesto de la UE asignada a Polonia, por la controvertida reforma judicial introducida por el anterior Gobierno polaco, ha dictaminado el Tribunal General comunitario.
"Al recuperar las cantidades adeudadas, la Comisión no infringió el derecho de la UE", declararon este miércoles los jueces en Luxemburgo. Así, el organismo comunitario, que supervisa el presupuesto común y aprueba los pagos periódicos, dispone de un "mecanismo de compensación" que puede utilizar cuando un Estado miembro se niega a pagar las multas impuestas por el Tribunal de Justicia Europeo, tribunal superior de la UE, por infracciones legales.
En el caso de Polonia, en el pasado mes de octubre se impusieron multas por valor de un millón de euros al día después de que el Gobierno nacionalista del partido Ley y Justicia (PiS) hiciera caso omiso a una orden provisional de suspender inmediatamente los efectos de su reforma judicial, que según la Comisión ponía en peligro la separación de poderes y sometía al poder judicial al control político.
El principal punto de discordia lo representó la sala disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia, a la que los líderes políticos del PiS facultaron para sancionar a los magistrados en función del contenido de sus sentencias.
El Gobierno polaco ofreció concesiones aprobando una nueva ley en junio de 2022, pero siguió negándose a transferir la cantidad exigida. En abril de 2023, la multa se redujo a 500.000 euros diarios. El enfrentamiento llevó a la Comisión Europea a activar el "mecanismo de compensación" y restar las sanciones acumuladas de la parte destinada a Polonia en el presupuesto de la UE.
La nación del Este de Europa, gran receptora de fondos agrícolas y de cohesión, impugnó las deducciones, alegando que la ley de junio de 2022 merecía una prórroga. Así, el Gobierno polaco presentó una denuncia ante el Tribunal General de la UE para recuperar 320 millones de euros en fondos perdidos.
Las multas diarias estuvieron en vigor hasta junio de 2023, cuando el TJUE dictó sentencia firme y anuló la reforma en su totalidad. Los jueces consideraron que era "incompatible" con el derecho a acceder a un "poder judicial independiente e imparcial".
Este miércoles, el Tribunal de Justicia de la UE ha desestimado la solicitud de reembolso efectuada por Polonia y concluye que la Comisión Europea actuó legalmente cuando activó el "mecanismo de compensación".
"En la medida en que Polonia no había cumplido plenamente con sus obligaciones, la Comisión estaba obligada a garantizar la recuperación de ese importe en su totalidad", declararon los magistrados del Tribunal de Justicia de la UE.
La sentencia aún puede ser recurrida por el Gobierno de Donald Tusk. Al tomar posesión de su cargo en 2023, el primer ministro de Polonia se apresuró a deshacer la reforma introducida por el PiS. La promesa de Tusk de restablecer el Estado de Derecho convenció a Bruselas para descongelar 137.000 millones de euros de los fondos de cohesión y recuperación, paralizados por la polémica medida del anterior Gobierno polaco.
"Lo importante es que la Unión Europea actúe de forma coherente con todos los Estados miembros en cuestiones de Estado de derecho, que nosotros mismos sigamos el debido proceso", señaló este miércoles Michael McGrath, comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, alabando la "muy buena tasa de éxito" de los casos judiciales.
"El cumplimiento del Estado de derecho no es a la carta, no se trata de una opción extra. Es una parte fundamental de la pertenencia a la Unión Europea", concluye el político irlandés.