El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes ha cerrado con 1.174.978 peticiones, casi el doble de lo previsto por el Gobierno. Más de 600.000 expedientes ya cuentan con autorización provisional y 11.000 personas han recibido la resolución definitiva.
El Gobierno calculaba recibir unas 750.000 solicitudes y aceptar en torno a 500.000. La realidad ha ido por otro camino. Según los datos cerrados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cifra final de peticiones se sitúa en 1.174.978, más del doble de la previsión inicial y la más alta registrada en un proceso de este tipo en España desde el regreso de la democracia.
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Supera con holgura a la anterior regularización de referencia, la impulsada en 2005 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que concluyó con 576.506 personas beneficiadas.
De ese total, 609.737 expedientes han sido admitidos a trámite, lo que en la práctica supone que esas personas cuentan ya con una autorización provisional de residencia y trabajo mientras se resuelve su caso. Otras 11.000 han recibido ya una respuesta favorable definitiva. El Gobierno insiste en que el silencio administrativo no se interpretará como denegación y que todas las solicitudes tendrán respuesta, positiva o negativa, en los próximos meses.
La mayoría de quienes han pedido acogerse al proceso, un 67%, son de origen latinoamericano. Colombia encabeza el listado de nacionalidades, con cerca de un 27% de las solicitudes, seguida de Marruecos (13,4%), Venezuela (11,7%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9%).
El dato confirma una tendencia que el Instituto Nacional de Estadística ya había detectado en los padrones de los últimos años: Colombia desplazó a Marruecos como principal país de origen de la nueva inmigración a partir de 2022, y la distancia entre ambos ha seguido creciendo.
El perfil por edad y sexo también deja cifras claras. El 81% de los solicitantes tiene menos de 45 años y seis de cada diez no llega a los 34. Los hombres representan el 57% de las peticiones frente al 43% de las mujeres. Los menores de entre 0 y 15 años suponen un 11% del total, en buena parte gracias a que sus expedientes se resuelven de forma automática junto al de sus progenitores.
El reflejo en la Seguridad Social
Uno de los argumentos que más ha repetido el Ejecutivo para defender la medida es su efecto sobre el empleo formal. Los primeros números empiezan a darle la razón, aunque con matices. De las personas cuya solicitud ha sido admitida a trámite, 159.097 ya figuran de alta en la Seguridad Social, según datos cerrados a 30 de junio.
El Ministerio advierte, sin embargo, de que se trata de una fotografía provisional: entre esos afiliados hay solicitantes de protección internacional que podrían llevar cotizando desde antes, por lo que no todo el incremento es atribuible en exclusiva al proceso extraordinario.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha detallado que el 83,4% de las nuevas altas se encuadra en el Régimen General, con el contrato indefinido como modalidad predominante entre quienes ya han conseguido trabajo.
Por sectores, la hostelería concentra el mayor número de nuevas afiliaciones (38.776), por delante del comercio (20.195), las actividades administrativas (19.327) y la construcción (18.310). El propio Ministerio sitúa la afiliación de trabajadores extranjeros entre los principales motores del crecimiento del empleo en España durante el primer semestre del año, con una aceleración perceptible desde finales de abril, cuando arrancó el procedimiento.
Detrás de esas cifras hay historias como la de Missael, un joven peruano que llegó a España con visado de turista y pasó meses sin papeles tras la denegación de su solicitud de asilo.
Volvió a cotizar cuatro días después de recibir la autorización provisional y ahora compagina un empleo nocturno en una pizzería de Huelva con sus estudios de Formación Profesional. "Sin papeles todo es más duro. Es como si te quedas en una pausa", resume sobre los meses en que trabajó de forma irregular, en empleos más precarios y sin ninguna cobertura.
Territorio, tramitación y el frente judicial abierto
Por comunidades autónomas, Cataluña concentra el mayor número de solicitudes (257.602), seguida de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557), un reparto que coincide con las regiones que acumulan más población nacida en el extranjero.
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha subrayado además el papel de los profesionales y organizaciones que han acompañado el proceso: el 58% de las solicitudes telemáticas las presentaron abogados, seguidos de funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%) y los propios interesados mediante certificado digital (7,3%).
Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales han colaborado en la orientación de los solicitantes, un apoyo especialmente relevante en la tramitación de los certificados de vulnerabilidad, que generó cuellos de botella en las primeras semanas.
El cierre del plazo no ha despejado, sin embargo, la incertidumbre jurídica. El decreto que sustenta la regularización está recurrido ante el Tribunal Supremo por el PP y Vox, y varios gobiernos autonómicos del PP, entre ellos Madrid, la Comunitat Valenciana y Aragón, se han sumado a la impugnación.
El Alto Tribunal ha abierto además un trámite para valorar si plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del real decreto con el derecho comunitario, después de constatar que no existe jurisprudencia europea específica sobre el alcance de este tipo de procesos.
El Ministerio de Inclusión, junto a la Abogacía del Estado, prepara ya sus alegaciones para defender que la norma es compatible con la normativa europea y ha remarcado que el permiso concedido solo tiene validez en territorio español. El Supremo ya rechazó en mayo las medidas cautelares que pedían paralizar el proceso mientras se resuelve el fondo del asunto, por lo que la tramitación de expedientes continúa su curso.