El Ministerio de Inclusión prepara sus alegaciones junto a la Abogacía del Estado después de que el Tribunal Supremo abriera un trámite para valorar si plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE sobre la compatibilidad del proceso con el derecho comunitario.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está preparando, junto a la Abogacía del Estado, las alegaciones para defender ante el Tribunal Supremo que la regularización extraordinaria de inmigrantes es "compatible con el derecho comunitario", después de que el Alto Tribunal abriera un trámite para estudiar si plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó una providencia el pasado 24 de junio en la que concede audiencia a las partes para que se pronuncien sobre "la procedencia de formular ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestión prejudicial interpretativa" sobre la compatibilidad del real decreto con la normativa europea. El plazo para presentar alegaciones concluye el próximo 3 de julio.
Si finalmente el Supremo decide plantear esa consulta al tribunal europeo, podría suspender la resolución del procedimiento principal hasta que Luxemburgo interprete el derecho de la Unión.
Migraciones defiende el encaje europeo de la norma
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, trasladó un "mensaje de tranquilidad" después de que el Tribunal Supremo abriera la puerta a consultar al TJUE. Fuentes del departamento aseguraron que "la norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario" y añadieron que "la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español", en respuesta a las dudas sobre un eventual traslado de sus beneficiarios a otros Estados miembros de la UE.
El Ejecutivo añade que una eventual cuestión prejudicial "serviría para resolver dudas concretas antes de resolver el fondo de la cuestión" y recuerda que el pasado mes de mayo el Tribunal Supremo ya rechazó las medidas cautelares solicitadas para paralizar el proceso, que, según el Gobierno, "ha seguido desarrollándose con total normalidad".
La providencia del Supremo menciona seis bloques de posibles incompatibilidades entre el decreto español y el derecho comunitario. Entre ellos figura el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que ya estaba en vigor cuando el Gobierno aprobó la norma, aunque comenzó a aplicarse el pasado 12 de junio.
El Gobierno insiste en que el proceso sigue su curso
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señaló que el Supremo se encuentra en una fase de "investigación" en la que escuchará tanto al Gobierno como a la Abogacía del Estado antes de decidir si eleva la cuestión al TJUE.
Torres recordó además que quienes recurrieron la regularización solicitaron anteriormente su suspensión cautelar y que el Alto Tribunal "dio un varapalo a la Comunidad de Madrid, a Vox y a asociaciones que están en contra de las personas", al rechazar esa petición.
Mientras tanto, Sumar ha cerrado filas con la medida. Su portavoz adjunto, Enrique Santiago, afirmó que es "clarísimo" que el proceso impulsado por España "ni interfiere ni es contrario a ninguna medida del derecho comunitario" y sostuvo que, de existir una incompatibilidad, las instituciones europeas "tendrían que haber ejercido las acciones legales correspondientes", algo que, según dijo, "no se ha hecho".