La reagrupación familiar podría elevar hasta tres millones el número de inmigrantes regularizados mediante el proceso extraordinario del Gobierno, según el Sindicato Profesional de Policía. Mandos policiales advierten además de un posible aumento del fraude.
Las solicitudes para acogerse al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno, que ya rozan los 1,2 millones, podrían disparar aún más el número de extranjeros con papeles en España, según fuentes de la cúpula de Extranjería citadas por el Sindicato Profesional de Policía. Esas mismas fuentes advierten, además, de que el verdadero impacto de la medida podría ser muy superior al inicialmente previsto debido a las previsibles reagrupaciones familiares, que podrían escalar el número de extranjeros regularizados hasta los 3 millones.
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El volumen de expedientes ya ha superado ampliamente la previsión inicial del Ejecutivo, que calculaba en unos 500.000 los potenciales beneficiarios cuando se anunció la medida. Sin embargo, cabe destacar que, según la normativa vigente, quienes quieran iniciar un proceso de reagrupación deberán tener recursos fijos suficientes tanto para su manutención, como para la de los miembros de su familia.
"Para unidades familiares que incluyan dos miembros (persona reagrupante y reagrupada) se exige una cantidad mensual del 150% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)", reseña el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en su página web. "Por cada miembro adicional se deberá sumar el 50% del IPREM".
Regularización sin antecedentes penales
Por otro lado, mandos policiales citados por el diario 'El Mundo' también critican que el Gobierno haya dejado la gestión del proceso en manos de este Ministerio, mientras que el papel de la Policía Nacional quedaría limitado, principalmente, a la mera expedición de los documentos de identidad, una vez validados los expedientes.
Desde el Ministerio del Interior, no obstante, sostienen que el procedimiento sí contempla la participación de los cuerpos de seguridad del Estado. "Se va a pedir un informe policial, tal y como indica el Real Decreto", afirman desde la institución, aunque sin entrar en detalle sobre el alcance de dichos controles.
Desde Extranjería consideran que reducir la participación policial en el proceso podría dificultar la comprobación de la autenticidad de la documentación aportada y la verificación de antecedentes penales. Una situación que se ha visto agravada tras la decisión del Tribunal Supremo de eliminar el requisito de no tener antecedentes penales para obtener un permiso de residencia en caso de que el solicitante sea familiar de un español.
En una sentencia sobre el nuevo Reglamento de Extranjería, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo establece que la Administración deberá realizar una evaluación individualizada de cada caso para determinar si el solicitante representa "una amenaza real, actual y suficiente para un interés fundamental de la sociedad".
Según el alto tribunal, el proceso de regularización del Ejecutivo de Pedro Sánchez vulneraba la legislación de la Unión Europea al no contemplar ese análisis individualizado cuando podría verse afectado el derecho a la ciudadanía de familiares de españoles.
Posibles fraudes y presión sobre los servicios públicos
Los responsables de Extranjería citados por 'El Mundo' también expresan dudas sobre la capacidad del Ministerio de Inclusión para gestionar un volumen de solicitudes de esta magnitud y alertan del riesgo de fraude en los procesos de reagrupación familiar.
Entre sus principales preocupaciones figura la posibilidad de que redes dedicadas a la falsificación de documentos aprovechen el procedimiento para acreditar vínculos familiares inexistentes.
"Pueden darse casos en los que personas de países extranjeros paguen a quienes estén ya en situación legal para que les dejen hacerse pasar por familiares como un hijo o unos padres; es decir, pagar por papeles certificados", avisan. "Ahora ya se ven casos así, en los que incluso traen a testigos, pero se detecta rápidamente porque no son tantos solicitantes".
Los mandos recuerdan que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ya emitió un informe crítico durante la tramitación de la norma, en el que advertía de un posible "efecto llamada", de una mayor presión sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales y de que "la cifra de extranjeros y los plazos tan breves que prevé la norma para perfeccionar la regularización es inversamente proporcional a la capacidad de absorción del Estado español".
A finales de junio, el propio Sánchez defendió el proceso extraordinario como una decisión "histórica" basada en la justicia, el reconocimiento de derechos y la integración, coincidiendo con el cierre del plazo para presentar solicitudes.