Desde hace casi 80 años, las monjas gestionan el balneario Gino Garrone en Italia para financiar una escuela infantil y un campamento de verano. Sin embargo, la concesión expira en 2027 y ahora pugnan con el Ayuntamiento para evitar que la playa sea reasignada.
En Spotorno, en la costa de Liguria, las monjas de la Orden de la Caridad de Santa María se enfrentan al Ayuntamiento para defender los baños Gino Garrone, que gestionan desde hace cerca de 80 años.
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El caso se abrió con el vencimiento del Plan de utilización del dominio público, que regula las concesiones marítimas hasta el 30 de septiembre de 2027. A partir de esa fecha la playa de las monjas deberá reasignarse mediante un concurso público.
El plan se modifica o se renueva cuando la administración local solicita un cambio urbanístico o una adaptación a la normativa vigente.
El caso de los baños se encuadra en esta última situación, ya que el alcalde de Spotorno, Mattia Fiorini, ha declarado que quiere aumentar las playas libres, pasando del 3,5% al 40%, y adaptar así el tramo de costa al parámetro regional de playas libres y libres equipadas.
Sin embargo, el caso de la playa de las monjas ha desatado una polémica, dado que buena parte de los ingresos de los baños Garrone se destina a financiar actividades sociales para niños y un campamento de verano, lo que constituye un importante punto de referencia social en la zona.
La directiva Bolkestein y el revés para las concesiones italianas
El objetivo del alcalde es adaptar las concesiones marítimas del dominio público a la directiva europea sobre los servicios de playa, conocida como "Bolkestein", y al mismo tiempo restar espacio a los gestores de los balnearios, que obtienen beneficios de concesiones renovadas automáticamente cada año, en contra de lo que establece la normativa.
La Directiva 2006/123/CE, que toma su nombre de su impulsor, nació hace 20 años de la necesidad de crear un mercado común, en el que cualquier ciudadano de cualquier país pudiera ofrecer servicios sin verse perjudicado por una competencia desleal o por barreras creadas por las normas nacionales.
Italia sigue teniendo dificultades para adecuarse al reglamento,en particular al artículo 12, que regula el uso de recursos naturales escasos, como las playas; en estos casos el Estado no puede renovar automáticamente las licencias de los concesionarios, sino que debe garantizar concursos públicos transparentes e imparciales.
Sin embargo, a lo largo de los años los distintos gobiernos italianos han seguido prorrogando las licencias de distintas formas, por ejemplo intentando demostrar que las playas no son un recurso escaso.
Pese a estos intentos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que Italia viola la directiva Bolkestein, en una sentencia del 20 de abril de 2023.
La cuestión entre Roma y Bruselas sigue abierta y el último capítulo es precisamente el vencimiento de las concesiones de playa, el Gobierno ha ampliado su validez hasta el 30 de septiembre de 2027 mediante un decreto ley que, al mismo tiempo, imponía la obligación de iniciar las licitaciones públicas antes de junio de ese mismo año.
La Unión Europea ha recibido con entusiasmo moderado el decreto italiano, sostiene que es un paso en la dirección correcta, pero que debe concretarse.
La desaparición de los "baños de beneficencia"
Gracias a su actividad social, las monjas habían disfrutado hasta ahora de un régimen específico, el de los "baños de beneficencia", que sin embargo, ha recordado la administración local, ya no está contemplado en la normativa vigente.
El Ayuntamiento de Spotorno ha asegurado que su objetivo no es perjudicar a la Orden ni a sus actividades, y por ello ha decidido incluir la playa en la categoría de playa libre equipada y no totalmente libre, permitiendo a las monjas acceder al concurso.
A pesar de ello, las monjas han expresado su descontento y su preocupación por el futuro de los baños en caso de un cambio de gestión.
El caso es seguido con interés por todo el sector, por un lado por el intento de aplicar la directiva Bolkestein, muy criticada por los empresarios de playa; y por otro porque podría sentar un precedente sobre el papel de las administraciones locales en la gestión y protección de los concesionarios históricos con vocación social.