La Policía Nacional ha detenido en Palma a un entrenador de voleibol de 23 años, acusado de agredir sexualmente a una jugadora de 15 años a la que entrenaba y dejarla embarazada. El investigado quedó en libertad con una orden de alejamiento tras pasar a disposición judicial.
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un entrenador de voleibol de 23 años y origen boliviano, acusado de agredir sexualmente a una alumna de 15 años a la que entrenaba desde hacía unos tres años y dejarla embarazada.
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La investigación, asumida por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), se puso en marcha después de que la menor confirmara su embarazo en un hospital de Palma. El detenido pasó a disposición judicial el pasado sábado y quedó en libertad con una orden de alejamiento mientras continúa el proceso.
Así se destapó el caso
Según reconstruyen las fuentes de la investigación, los hechos se remontan a mediados de junio, cuando el entrenador invitó a la víctima y a otra compañera de su equipo a comer en su domicilio. Tras la comida, la otra menor se marchó y el investigado se quedó a solas con la víctima, momento en el que, según la denuncia, se produjo la agresión sexual.
El episodio no salió a la luz hasta semanas más tarde. La adolescente empezó a encontrarse mal y a tener vómitos, por lo que su tía decidió llevarla al hospital de Son Espases el pasado 8 de agosto. Allí le realizaron varias pruebas, entre ellas una exploración ginecológica, que confirmó el embarazo. La menor interrumpió la gestación.
Mensajes por WhatsApp tras los hechos
Durante las semanas posteriores, el entrenador contactó en varias ocasiones con la víctima a través de WhatsApp para intentar verse con ella. La adolescente terminó bloqueándolo y borró la conversación, aunque esos datos también fueron trasladados a los investigadores como parte de la denuncia.
La detención y el paso por el juzgado
Con toda la información recopilada, agentes de la UFAM ordenaron su detención, que se ejecutó el viernes por la tarde en el propio domicilio del sospechoso en Palma. Tanto en sede policial como ante la jueza de guardia, el investigado se acogió a su derecho a no declarar.
Pasó a disposición judicial el sábado, y la magistrada decretó su puesta en libertad con medidas cautelares: una orden de alejamiento de 200 metros respecto a la víctima y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio mientras avanza la instrucción del caso.