El anuncio del primer ministro supone una ruptura ideológica y política con la herencia de la política de Orbán entre 2010 y 2026 y, desde el relevo de abril, marca un paso relevante en derechos humanos y protección de la infancia.
El Gobierno húngaro ha hecho público un informe de protección de la infancia de 220 páginas que concluye que el sistema está al borde del colapso. El documento servirá de base para reescribir las normas de adopción, una iniciativa que ha provocado fuertes reacciones políticas entre los partidos de la oposición.
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El presidente del Gobierno, Peter Magyar, anunció que el Ejecutivo va a cambiar la normativa sobre la adopción por parte de personas solteras y parejas del mismo sexo, porque el sistema actual es insostenible.
Aseguró que decidir quién puede adoptar a un menor no debería ser una decisión política, sino competencia de profesionales, psicólogos y expertos en protección de la infancia. Los políticos, dijo, tienen que apartarse de este ámbito. Subrayó que el sistema, en su estado actual, no funciona correctamente y que el criterio fundamental debe ser siempre que el menor crezca en una familia que le quiera.
Añadió que el Gobierno ya trabaja en la reforma de la legislación vigente, introducida en su día por Fidesz, que da preferencia a los matrimonios y restringe de forma drástica las posibilidades de las personas solteras y de las parejas del mismo sexo.
Su anuncio ha generado un amplio eco mediático, los medios afines a la oposición han criticado con dureza la medida y aseguran que el Gobierno "cede ante el lobby LGTBQ", mientras que la prensa independiente la ha presentado como una promesa de devolver el protagonismo a los criterios profesionales.
Ruptura ideológica y de política pública con la herencia de Orbán
El anuncio realizado el sábado por Peter Magyar supone una ruptura ideológica y de política pública con la herencia de los Gobiernos de Orbán entre 2010 y 2026 y es, desde el cambio de Gobierno de abril de 2026, uno de los pasos más relevantes en materia de derechos humanos y protección de la infancia en el país.
En diciembre de 2020, el Gobierno de Orbán endureció la Ley Fundamental húngara y la legislación sobre adopción. Se estableció que la madre es mujer y el padre hombre, y se fijó la adopción exclusivamente para matrimonios como norma por defecto.
Dado que en Hungría las parejas del mismo sexo no pueden casarse, solo pueden registrar una unión civil, hasta entonces podían adoptar si uno de los miembros presentaba la solicitud como persona soltera.
Con la ley de 2020, Fidesz cerró esa vía, las personas solas solo podían adoptar con una autorización personal del ministro, primero de Katalin Novák y después del responsable de política familiar, lo que en la práctica excluyó por completo a los miembros de la comunidad LGTBQ de la posibilidad de tener hijos.
El Partido Tisza y la presión internacional
Después de que el Partido Tisza ganara las elecciones el pasado abril y pusiera fin a los 16 años de Gobierno de Fidesz, las organizaciones de derechos humanos, tanto internacionales como húngaras, reclamaron medidas inmediatas para restaurar los derechos LGTBQ. La presión aumentó aún más cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó, justo antes de los comicios, que la anterior ley húngara homófoba de protección de la infancia vulnera gravemente el derecho comunitario.
La declaración de Magyar Peter, "vamos a cambiar este sistema", tiene una gran importancia porque saca de las manos de los políticos la potestad de decidir. Según el relato del Gobierno, el sistema actual es insostenible porque, mientras muchos menores viven bajo tutela estatal, los filtros políticos y la necesidad de una autorización ministerial bloquean a padres idóneos, ya sean personas solteras o parejas del mismo sexo.
La medida restablece de facto el sistema de evaluación basado en criterios profesionales anterior a 2020 y muestra que el nuevo Gobierno pretende abordar con un enfoque pragmático y técnico cuestiones sociales que antes se utilizaban como campo de batalla simbólico.