3 may (Reuters) - La familia Martínez Sampedro, fundadores y socia minoritaria de Codere, ha solicitado al regulador bursátil español que obligue a varios grupos de inversión que controlan la sociedad a lanzar una opa forzosa sobre el total de sus acciones, lo que supondría unos 900 millones de euros, aduciendo la existencia de una presunta "conspiración civil" entre varios fondos y algunos de sus consejeros para el traspaso de poder que tuvo lugar en el seno del grupo de juegos de azar en 2018.
Según dijeron los Martínez Sampedro en un comunicado, una firma de abogados estadounidense habría concluido la existencia de indicios de "algún tipo de conspiración civil" organizada por varios fondos de inversión desde Estados Unidos para hacerse con el control de Codere sin recurrir a una oferta pública de adquisición.
De esta presunta maniobra habría formado parte el cambio de directiva que en 2018 desbancó a los hermanos José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro como presidente y vicepresidente del grupo, siendo reemplazados por Vicente Di Loreto, actual consejero delegado de Codere.
Di Loreto pasó a ejercer el cargo de primer ejecutivo de la sociedad meses después de que un grupo de fondos entrara en el capital ejecutando convirtiendo deudas en acciones y desplazando a la familia fundadora de su condición de principal accionista.
Según los registros de la CNMV, entre los fondos destacan Silver Point con un 21,79% del capital, Edward Arnold Mule con un 23,36% y M&G PLC con una participación del 20,97%, frente al 14% del capital que controlan los Martínez Sampedro.
Según afirmaron los fundadores en su comunicado del lunes, el cambio en la directiva supondría una infracción de la legislación española del mercado de valores y de un informe del regulador bursátil europeo (ESMA), que establecen la obligatoriedad de proceder con una opa cuando un cambio en la dirección de una empresa cotizada supone un cambio en el rumbo de su actividad.
La nueva gestión del grupo tras la toma de control ha sido "muy negativa para los accionistas", según los Martínez Sampedro, quienes en apoyo de su argumento aluden a la caída del precio de la acción antes de la pandemia y a las nuevas proyecciones para el periodo 2022-2024 presentados el 22 de abril, que a su juicio son "muy inferiores" a las obtenidas por los Martínez Sampedro entre 2016 y 2017.
Con estos fundamentos, los Martínez Sampedro reclaman a la CNMV que abra expediente contra los fondos para obligarlos a presentar una opa forzosa al precio equitativo del día en que se produjo la toma de control efectiva de Codere, el 12 de enero de 2018, de 9,58 euros por acción, en beneficio de la totalidad de los accionistas de Codere.
A finales de abril, Codere anunció que había alcanzado un acuerdo de reestructuración con los titulares de bonos en virtud del cual inyectarán hasta 225 millones de euros en el grupo, que se ha visto obligado al cierre de sus establecimientos durante meses en el último año y ha alejado a muchos potenciales clientes por la pandemia de COVID-19..
La reestructuración contempla asimismo la liquidación de Codere SA y la creación de una nueva sociedad que aglutine su actividad operativa con una nueva cabecera, en la que los acreedores de los bonos sénior garantizados existentes del grupo pasarán a tener un 95% del capital y los actuales accionistas un 5%.
(Información de Darío Fernández; información adicional de Tomás Cobos; editado por Michael Susin)