Por Kate Abnett
BRUSELAS, 20 dic - Un plan de la Unión Europea para cobrar a los proveedores de combustible por el CO2 emitido por los coches y la calefacción doméstica ha dividido a los Estados miembros y parece que dominará las negociaciones sobre cómo abordar el cambio climático en 2022.
Los responsables de la regulación de la UE propusieron en julio un nuevo sistema de comercio de emisiones para el transporte y la calefacción, como parte de un paquete de medidas para cumplir el objetivo de la UE de reducir las emisiones netas (ETS, por sus siglas en inglés) en un 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990.
En una reunión de los ministros de Medio Ambiente de la UE celebrada el lunes, Alemania, Suecia y otros Estados respaldaron el plan, que, según sus partidarios, reducirá las emisiones de forma rentable y permitirá obtener fondos para inversiones ecológicas.
Sin embargo, otros se mostraron preocupados por el impacto social si los proveedores de combustible repercuten los costes adicionales a los consumidores en forma de facturas más altas.
"No es posible aceptar la introducción de un nuevo sistema de ETS para el sector del transporte por carretera y los edificios. En nuestra opinión, supondrá una mayor carga para la sociedad y (los) ciudadanos más vulnerables", dijo la ministra polaca del Clima, Anna Moskwa, en la reunión.
Hungría y Eslovaquia dijeron que la medida, que se aplicaría a partir de 2026, era "prematura", mientras que Irlanda, Portugal, Lituania y España manifestaron su preocupación.
Alemania, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca se pronunciaron a favor del plan.
"Queremos un precio mínimo por tonelada de carbono en Europa porque pensamos que va a ser muy importante para asegurar nuestro alejamiento del carbón", dijo el Secretario de Estado de Economía y Clima de Alemania, Patrick Graichen.
Algunos responsables de la UE, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que existe la posibilidad de que las divisiones echen por tierra la propuesta.
Si eso ocurriera, los Estados tendrían que introducir o reforzar otras medidas para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones del bloque.
El jefe de la política climática de la UE, Frans Timmermans, dijo que la Comisión estaba "abierta" a propuestas alternativas para reducir el CO2 en los edificios y el transporte, siempre que cumplieran los objetivos.
Los países intentarán acordar una posición conjunta para mediados de 2022 sobre el amplio conjunto de propuestas climáticas de la UE, que incluye el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión y la eliminación progresiva de los coches de combustión en 2035. Todo ello debe ser aprobado por los países de la UE y el Parlamento Europeo.
La necesidad de proteger a los hogares vulnerables ha ocupado un lugar preponderante en las conversaciones, ya que los países estudian la medida en un contexto de precios de la energía en alza y precios récord del CO2 en el actual mercado del carbono de la UE.
La Comisión quiere acompañar la propuesta del régimen de comercio de derechos de emisión con un fondo de 72.000 millones de euros para ayudar a compensar a los ciudadanos con bajos ingresos.