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Los reguladores de la UE pretenden simplificar las normas antimonopolio

EU regulators look to streamline antitrust rules
EU regulators look to streamline antitrust rules   -   Derechos de autor  Thomson Reuters 2022
Por Reuters

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 31 mar – Los reguladores están estudiando la posibilidad de actualizar las normas destinadas a las empresas que abusan de su poder en el mercado y a las que crean cárteles ilegales, con el fin de hacerlas más eficientes, dijo el jueves la jefa de antimonopolio de la UE, Margrethe Vestager.

En virtud de estas normas, conocidas como Reglamento 1/2003 y en vigor desde 2004, la Comisión Europea ha denunciado a Google, Apple, Amazon, Meta, Microsoft e Intel y les ha impuesto miles de millones de euros en multas.

Las normas también han permitido al organismo de defensa de la competencia de la UE actuar contra los cárteles de piezas de automóviles, la manipulación de los índices de referencia financieros por parte de los bancos, y también contra otros grupos ilegales de fijación de precios, lo que sitúa a la agencia de la UE en la vanguardia de la aplicación de las normas antimonopolio.

La Comisión quiere mantener su posición de liderazgo, dijo Vestager.

“Hoy anuncio que en los próximos meses vamos a poner en marcha una evaluación del Reglamento 1/2003, el pilar central de nuestro marco de aplicación de la normativa antimonopolio”, dijo Vestager en una conferencia organizada por la consultora económica CRA.

“Es importante que escuchemos las opiniones de las partes interesadas sobre lo que ha funcionado bien, y sobre lo que se puede hacer para que los procedimientos y las herramientas de aplicación sean más eficientes y eficaces; para asegurarnos de que el Reglamento 1 sea realmente adecuado para la era digital”, dijo.

Vestager dijo que la actualización de las normas tratará de hacerlas más operativas y útiles para las empresas

Estos cambios de procedimiento se referirán a las solicitudes de información enviadas a las empresas, a las inspecciones, a las audiencias orales en las que las empresas tratan de defender sus casos y al límite del 10% de las multas impuestas por el incumplimiento de las normas.