La Ley Rider europea pende de un hilo tras el acuerdo de la semana pasada

La directiva propuesta podría reclasificar como "empleados" a millones de trabajadores "gig" de toda la UE y concederles acceso a derechos laborales básicos.
La directiva propuesta podría reclasificar como "empleados" a millones de trabajadores "gig" de toda la UE y concederles acceso a derechos laborales básicos. Derechos de autor Shuji Kajiyama/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Por Jorge LiboreiroAida Sanchez Alonso
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Este artículo se publicó originalmente en inglés

Un acuerdo muy reñido sobre un proyecto de ley destinado a mejorar las condiciones de millones de trabajadores autónomos en toda la Unión Europea se vino abajo inesperadamente el viernes por la mañana durante una reunión de embajadores en Bruselas.

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Según la directiva, los trabajadores autónomos de plataformas digitales como Uber y Deliveroo podrían ser reclasificados como empleados formales y, por tanto, tener acceso a derechos laborales y sociales básicos, si cumplen dos de los cinco indicadores económicos.

El cambio de estatus podría afectar hasta a 5,5 millones de los 28 millones de trabajadores de plataformas actualmente activos en todo el bloque, según cálculos de la Comisión Europea.

El acuerdo provisional sobre la directiva se alcanzó la semana pasada entre el Parlamento Europeo y el Consejo, que representa a los Estados miembros. España, actual Presidencia de turno del Consejo, fue la encargada de hablar en nombre de los otros 26 países.

Se suponía que los embajadores se limitarían a ratificar el texto resultante de las negociaciones. Pero durante la reunión a puerta cerrada del viernes, una mayoría de países, calificada de "sólida" por una fuente diplomática, se opuso rotundamente al resultado de las conversaciones institucionales, lo que hizo imposible sacarlo adelante.

La presunción legal de una relación laboral (frente al trabajo por cuenta propia) y la carga administrativa se citaron como dos de los motivos de la oposición.

"Hemos llegado a la conclusión de que no contamos con la mayoría cualificada necesaria para alcanzar un acuerdo sobre este importante expediente", ha dicho un portavoz de la Presidencia española, confirmando la noticia.

"Por lo tanto, hemos decidido no someter el texto a votación formal en el COREPER (la reunión de embajadores) de hoy y pasarlo a la próxima presidencia belga para que continúe las negociaciones, en las que les deseamos la mejor de las suertes".

El colapso ha llegado el último día antes de que Bruselas se paralice por las vacaciones de invierno, lo que significa que no es probable que se produzca un nuevo impulso para modificar el texto y reunir los votos necesarios hasta mediados de enero, como muy pronto.

Si los cambios exigidos por los países que ahora se oponen difieren mucho de lo acordado, el Consejo se verá obligado a reabrir las negociaciones con el Parlamento, lo que prolongaría aún más el proceso. Los colegisladores sólo tienen hasta febrero para concluir todas sus negociaciones debido al plazo límite impuesto por las próximas elecciones europeas, previstas para principios de junio.

La directiva fue presentada por la Comisión Europea en diciembre de 2021 e inmediatamente atrajo la atención de los medios de comunicación y desencadenó el empuje de los grupos de presión del sector privado.

Un informe publicado el año pasado por Corporate Europe Observatory reveló que empresas como Uber, Deliveroo, Bolt y Wolt aumentaron rápidamente su gasto en tareas de lobby en Bruselas para influir en la forma de la ley. Estas empresas se enfrentan a la perspectiva de que sus costes se disparen si los millones de trabajadores que utilizan sus plataformas son reclasificados como "empleados" y se les concede acceso a derechos laborales y sociales como el salario mínimo, la negociación colectiva, la limitación de la jornada laboral, el seguro médico, las bajas por enfermedad, las prestaciones por desempleo y las pensiones de jubilación.

La directiva, según lo acordado por el Consejo y el Parlamento, también introduciría normas sobre el uso de algoritmos para la gestión de recursos humanos. También impediría a las plataformas procesar ciertos tipos de datos personales, como el estado emocional y psicológico de los trabajadores de plataformas, sus conversaciones privadas y su actividad sindical.

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