El Kremlin ha construido en pocos meses uno de los sistemas de censura digital más restrictivos del mundo. Y ha logrado algo que ni la guerra ni la inflación consiguieron: que los rusos, de todas las edades e ideologías, se vuelvan contra Putin.
Vladímir Putin llegó tarde a la censura de internet, pero llegó. China lleva dos décadas perfeccionando el llamado Gran Cortafuegos, un sistema que bloquea contenidos con precisión quirúrgica a partir de palabras clave: Tiananmen, Tíbet, Taiwán. El Kremlin, en cambio, partió con veinte años de retraso y optó por una estrategia diferente: el derribo indiscriminado. El resultado es más ruido, más daño colateral y, paradójicamente, más resistencia ciudadana.
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Rusia se encuentra entre los peores países del mundo en cuanto a libertad en internet en 2026, según una clasificación del think tank Cloudwards. Cuatro puntos sobre cien, al nivel de Irán o Pakistán, solo por encima de Corea del Norte. Putin, un hombre que no usa teléfono móvil, ha colocado a su país en ese rincón del mapa en cuestión de meses.
Lo que resulta llamativo no es solo la velocidad del deterioro, sino lo que ha desencadenado. Ni la campaña militar en Ucrania ni el encarecimiento de la vida cotidiana habían generado tanto malestar como los cortes de conexión y el bloqueo de las redes sociales. El descontento ha cruzado todas las fronteras internas: campo y ciudad, nostálgicos soviéticos y jóvenes, partidarios de la guerra y contrarios a ella.
Apagones, leyes y una app que nadie quiere instalar
A principios de este año, Putin firmó una ley que obliga a los operadores a desconectar las comunicaciones a petición del FSB. Desde entonces, los cortes no se limitan a las zonas fronterizas con Ucrania. Afectan a barrios céntricos de Moscú, a ciudades que nunca han sido objetivo de drones ucranianos, a regiones que no tienen nada que ver con el frente.
El proyecto OONI registró que el bloqueo de Telegram llegó a alcanzar el 95% del territorio. Signal y WhatsApp corrieron una suerte similar. A partir del 1 de enero de 2026, todos los servicios de internet están obligados a almacenar los mensajes de los usuarios durante tres años y entregarlos a los organismos de seguridad que lo soliciten, incluyendo audio, vídeo, texto y metadatos, aunque el usuario los haya borrado.
Para llenar ese vacío, el Kremlin lanzó en marzo de 2025 su propia plataforma de mensajería estatal, MAX. Esta aplicación, promovida por el regulador de comunicaciones Roskomnadzor, se ha convertido en el canal obligatorio para acceder a servicios públicos y educativos. El portal estatal Gosuslugi solo permite ahora el ingreso a través de MAX, y los grupos de padres en los colegios deben organizarse exclusivamente en esa plataforma.
La respuesta ciudadana ha sido de rechazo abierto. Los expertos en seguridad digital advierten de que la aplicación empieza a espiar el teléfono en cuanto se instala, e informará de que el usuario utiliza servicios VPN, lo que podría desencadenar represalias. Los especialistas en ciberseguridad han detectado además más de 200 vulnerabilidades en MAX, lo que explica que los altos funcionarios y ejecutivos empresariales tampoco confíen en ella.
Los rusos ser rebelan: millones de VPN y Pável Durov como héroe
Frente a cada bloqueo, una respuesta. Las VPN, que hace un año eran una rareza, las usan ya más de 50 millones de rusos, una cifra comparable a la de Irán en sus momentos de mayor represión digital.
El Estado ruso ha invertido cientos de millones de dólares en frenarlas, ha retirado del App Store ruso cerca de medio millar de aplicaciones de ese tipo y ha reconocido abiertamente que intenta ralentizar su funcionamiento. Con resultados mediocres: algunos servicios especializados sostienen que Roskomnadzor no ha logrado bloquear de forma efectiva ni una sola VPN que haya respondido a sus medidas.
Pável Dúrov, fundador de Telegram y figura incómoda para el Kremlin desde que abandonó Rusia en 2014, se ha convertido en el rostro de esa resistencia. Dúrov comparó las restricciones actuales en Rusia con lo que ocurrió en Irán hace años, donde el intento de prohibir Telegram con pretextos inventados para forzar a la gente a una alternativa estatal terminó fracasando. Renovó los protocolos de la aplicación para dificultar su detección y animó a los rusos a acumular varias VPN como medida preventiva.
En 2024, el registro de la ONG rusa Roskomsvoboda contabilizó el bloqueo de más de 417.000 sitios web en Rusia, el doble que el año anterior y casi cinco veces más que en 2022. La maquinaria censora no frena. Pero tampoco logra lo que busca.
Un coste político que no estaba en los cálculos
Varias publicaciones rusas, citando fuentes en el Kremlin, afirman que los dirigentes están preocupados por el creciente resentimiento de los rusos contra los bloqueos. El nivel de aprobación de Putin, que supuestamente no había bajado desde el comienzo de la guerra en Ucrania, ha caído a su punto más bajo desde finales de febrero de 2022.
Boris Nadezhdin lo resumió con claridad: sin internet móvil, no se puede pagar un recibo, reservar un billete, pedir cita con un médico ni quejarse de las autoridades locales. La censura digital ya no es una cuestión ideológica. Es una molestia cotidiana que afecta a la vida de todos.
Alexandr Duguin, el ideólogo del imperialismo ruso, pide ir más lejos y bloquear completamente la red para que los rusos aprendan a vivir una "vida auténtica". Es una posición coherente con su filosofía, pero políticamente suicida. El Kremlin lo sabe. Y aun así sigue apretando.