Los reguladores endurecen el control sobre plataformas, fallos de diseño y verificación de edad, pero la tecnología eludible, los riesgos de privacidad y la falta de responsabilidad parental socavan en silencio todo el esfuerzo.
El uso que hacen los adolescentes de las redes sociales y de los servicios digitales se ha convertido en un tema recurrente entre los políticos de todo el mundo, también en la Unión Europea (UE).
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Mientras algunos países estudian actualmente prohibiciones hasta los 16 años, otros barajan enfoques más moderados con umbrales de edad más bajos.
Estonia, uno de los países más avanzados digitalmente, rechaza abiertamente la idea de fijar una edad mínima única en la UE para el uso de redes sociales y subraya la importancia de la alfabetización digital de menores, docentes y padres, así como de una aplicación más estricta de los marcos jurídicos ya existentes, como la Ley de Servicios Digitales (DSA).
Hace unas semanas, un grupo especial de expertos dirigido por el profesor doctor Jörg M. Fegert y la doctora Maria Melchior presentó un informe sobre la seguridad infantil en internet con recomendaciones concretas.
Aunque el informe es en general equilibrado y reconoce que no todos los menores de 18 años deben ser tratados del mismo modo, deja un amplio margen de interpretación para los responsables políticos de la UE y refleja también el énfasis de la Comisión Europea en nuevas obligaciones para las plataformas, mientras confía en gran medida en medidas blandas para implicar a los padres.
Los marcos legales actuales en vigor
El debate sobre esta cuestión es bastante simplista a nivel de los Estados miembros y se centra sobre todo en la edad mínima de uso de las redes sociales y otros servicios digitales.
Además, países como Francia han prohibido recientemente los teléfonos móviles en los centros escolares.
Aunque se trata de un tema fácil de comunicar y que reporta importantes réditos políticos, los detalles técnicos y la capacidad de las instituciones para aplicar estas exigencias rara vez forman parte de la discusión.
El debate sobre la protección de los menores en línea a nivel de la UE no es nuevo ni ha sido ignorado.
En el pasado, la UE ha establecido numerosas disposiciones en distintas normas destinadas a proteger a los niños en internet.
La Ley de Servicios Digitales (DSA), por ejemplo, sirve para evaluar elementos de diseño de las plataformas que pueden resultar perjudiciales. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) define salvaguardas para proteger los datos personales y el consentimiento de los menores en línea. La Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (AVMSD) se ha ampliado recientemente para abarcar nuevas formas de contenido audiovisual y plataformas de intercambio de vídeos.
La lista continúa con la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), la Directiva sobre prácticas comerciales desleales (UCPD), la Directiva sobre derechos de los consumidores (CRD), la Directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos (UCTD), el Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR), la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos (PLD), el Reglamento sobre publicidad política (PAR), el muy criticado Chat Control 1.0 y las propuestas de Chat Control 2.0, además de numerosas directrices, mecanismos de cooperación, estrategias, declaraciones políticas y programas de alfabetización digital.
Al igual que en otros debates sobre la protección de los consumidores en línea, la discusión actual sobre la protección de los menores se centra en crear nuevas capas y mecanismos regulatorios en lugar de mejorar la aplicación de las normas ya vigentes.
Con este objetivo, la UE ha puesto en marcha su aplicación de verificación de edad, previsiblemente propondrá en breve una edad mínima única en toda la Unión para el uso de redes sociales, junto con nuevas obligaciones para las plataformas, y defiende requisitos de diseño ex ante, como prohibir el desplazamiento infinito.
Complicaciones, elusión, seguridad de los datos y fragmentación
Las experiencias negativas del Reino Unido y Australia, donde los adolescentes han eludido las restricciones locales por distintos medios, entre ellos el uso de VPN o el traslado a plataformas marginales y menos reguladas, han complicado notablemente el debate político.
Los responsables políticos europeos tienen ahora que tener en cuenta estos ejemplos reales en otros países y definir medidas de precaución para evitar que se repita un escenario similar en Europa.
Hasta ahora, el esfuerzo no ha tenido éxito, a comienzos de este año la Comisión Europea presentó una aplicación de verificación de edad, pero fue criticada por su falta de fiabilidad, ya que agentes de inteligencia artificial pudieron sortearla "en cuestión de minutos".
Además, la UE debe respetar los principios europeos de protección de datos y de minimización de datos, sobre todo ante el creciente número de filtraciones tanto en plataformas digitales privadas como en servicios públicos.
Por último, el enfoque fragmentado sobre la edad mínima de uso entre los Estados miembros de la UE puede dificultar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo a escala europea.
Los países que se han apresurado a aprobar sus propias versiones de estas leyes probablemente se resistirán a la recomendación del panel de expertos de centrarse en limitar el acceso de los menores de 13 años, amparándose en el propio informe, que señala que "los países pueden preferir adoptar un umbral superior a los 13 años".
Reforzar la resiliencia implicando a padres y cuidadores
El informe sostiene que la seguridad de los menores en línea es ante todo responsabilidad de los proveedores de redes sociales y servicios digitales, y sitúa a los padres y cuidadores en un papel secundario:
"Las redes sociales y otros proveedores de servicios digitales conservan la responsabilidad principal de mantener a los menores seguros en sus servicios. Además, los padres y cuidadores desempeñan un papel importante en supervisar el tiempo que los niños y adolescentes pasan en línea y en orientar a los menores para afrontar conjuntamente los riesgos a los que se enfrentan en entornos de redes sociales y servicios similares".
Es cierto que el papel de la supervisión parental disminuye a medida que el menor se desarrolla, gana autonomía y está cada vez más influido por sus iguales.
También es cierto que en ocasiones los padres no disponen de los medios, el tiempo o la alfabetización digital necesarios para utilizar las herramientas de control parental disponibles.
Sin embargo, el cambio cultural que la Comisión Europea y muchos responsables políticos nacionales tienen en mente solo será posible si las medidas regulatorias y de alfabetización se combinan y se acompañan de una mayor implicación de los padres.
Más aún cuando son los propios padres quienes en ocasiones facilitan el incumplimiento de las normas y conceden a sus hijos acceso sin restricciones al mundo digital.
Existen muy pocos datos sobre el uso de las opciones de control parental por parte de los padres europeos, pero una encuesta realizada en 2020 por la red EU Kids Online indica que, de media, solo el 22% de los padres en Europa utilizaba las herramientas de control parental disponibles.
Solo los padres franceses y malteses mostraban una implicación algo mayor, mientras que en 2020 apenas el 12% de los padres lituanos y el 14% de los padres checos utilizaban mecanismos de control parental.
El grupo especial de expertos adopta un enfoque relativamente blando respecto a la implicación de los padres y se centra en la alfabetización digital, las orientaciones y las herramientas de apoyo.
Sin embargo, un cambio cultural profundo suele exigir combinar medidas blandas con obligaciones estrictas, no solo para las plataformas digitales, sino también para los padres.
Aunque la UE mantiene un marco amplio de protección de la infancia aplicado por los organismos nacionales, las conversaciones políticas actuales sobre los menores en línea carecen de incentivos directos o mecanismos de responsabilidad para los padres.
Sin una responsabilidad parental claramente definida para limitar el tiempo de pantalla excesivo, el ciberacoso y los abusos en línea hacia otros menores, muchos padres pueden seguir siendo pasivos y confiar exclusivamente en las normas locales o europeas en lugar de asumir de forma proactiva el bienestar digital de sus hijos.
Esta información se publicó originalmente en EU Tech Loop (fuente en inglés) y se ha compartido en Euronews en el marco de un acuerdo de sindicación.