Casi la mitad de las empresas que citan la Ley de IA de la UE en su gobernanza no tienen obligación legal de seguirla, según una investigación que revela que las normas moldean prácticas fuera del bloque.
La inclinación de Bruselas por lo que a menudo se percibe como una sobrerregulación está provocando efectos en cadena mucho más allá de la UE.
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Casi la mitad de las empresas que mencionan la Ley de Inteligencia Artificial de la UE en sus informes de gobernanza ni siquiera tienen su sede en la Unión, según una nueva investigación, lo que sugiere que Bruselas empieza a fijar un estándar mundial de gobernanza de la IA incluso antes de que entren plenamente en vigor las normas más estrictas del bloque.
El análisis, publicado por la Thomson Reuters Foundation a partir de datos de su AI Company Data Initiative (AICDI), se basa en más de 100.000 puntos de datos recogidos de 2.973 empresas de todo el mundo.
El estudio concluye que el 47% de las compañías que mencionan la ley en sus informes tienen su sede fuera de la UE.
El informe presenta este fenómeno como prueba de un "efecto Bruselas" en la gobernanza de la IA, el término que se utiliza para describir la tendencia de la regulación de la UE a convertirse en referencia global, como ocurrió con el RGPD.
Según las conclusiones, el efecto "no es todavía generalizado, pero es visible, significativo y se concentra allí donde los incentivos de mercado para alinearse son más fuertes".
Esta ley, que será plenamente aplicable a partir de agosto de 2026, es la primera norma integral y transversal sobre IA de su tipo.
Su alcance va más allá de las propias fronteras de la UE, ya que se aplica a cualquier organización cuyos sistemas de IA se utilicen en el bloque o cuyos resultados afecten a ciudadanos, empresas o instituciones públicas europeas.
Una ley gestada durante años
La propia ley está en vigor desde 2024, pero sus obligaciones se están introduciendo de forma gradual y no de golpe.
Las prohibiciones de los usos más arriesgados de la IA y las normas de transparencia para los modelos de propósito general ya estaban en vigor en diciembre de 2025. Son concretamente las reglas para los sistemas de alto riesgo, que abarcan ámbitos como la contratación, el crédito y la sanidad, las que pasarán a ser plenamente vinculantes en agosto de 2026.
Al igual que ocurre con el RGPD, este alcance extraterritorial implica que incluso las empresas no europeas se enfrentan a las mismas obligaciones vinculantes, con sanciones que, en los casos más graves, pueden llegar a 35 millones de euros o al 7% de los ingresos anuales globales.
Sin embargo, esto no debe confundirse con una tendencia generalizada de las empresas a reconocer el uso de la IA o a contar con marcos de utilización de la tecnología.
En el conjunto de los sectores, solo el 13% de las empresas dispone de algún marco formal de gobernanza de la IA, con independencia de que mencionen o no la Ley de IA de la UE.
De ese 13% que sí tiene un marco en vigor, algo más de la mitad, el 53%, hace referencia explícita a la Ley de IA de la UE. Y de ese grupo que menciona la norma, el 47% tiene su sede fuera de la Unión.
El sector tecnológico marca el camino
El grado de implicación con la ley varía mucho en función del sector y de la ubicación geográfica.
Las empresas de tecnologías de la información representan por sí solas casi el 40% de todas las compañías no comunitarias que citan la ley, mientras que los servicios de comunicación y los servicios financieros aportan conjuntamente otro 29%.
Por regiones, Norteamérica encabeza la implicación fuera de la UE con algo menos del 40%, impulsada sobre todo por las compañías estadounidenses de tecnología y salud con una presencia significativa en el mercado europeo.
A continuación se sitúan las empresas europeas no pertenecientes a la Unión, en particular las británicas, suizas y noruegas, con alrededor del 24%, lo que refleja sus estrechos vínculos comerciales y regulatorios con el bloque.
Las compañías asiáticas presentan una tasa de cita de aproximadamente el 28%, concentrada en empresas tecnológicas integradas en las cadenas globales de suministro de IA.
Estados Unidos ofrece un ejemplo especialmente llamativo, dada su propia actitud poco intervencionista respecto a la regulación de la IA.
El país no cuenta con una ley federal general sobre IA, pero las empresas estadounidenses representan el 35% de todas las compañías no europeas que mencionan la ley de la UE, la mayor contribución de un solo país.
En Estados Unidos, el 53% de las empresas que citan la ley pertenece al sector de las TI, y una de cada cinco compañías estadounidenses de tecnologías de la información incluidas en el estudio menciona la norma, la tasa más alta de todos los sectores del país.
Grandes tecnológicas estadounidenses como Microsoft, Google, OpenAI y xAI se han alineado voluntariamente con algunos elementos del Código de Prácticas de IA de la UE, según el informe, motivadas por la perspectiva de mantener el acceso al mercado europeo.
Las carencias tras los buenos resultados
Las empresas que mencionan la ley suelen cumplir bien con los aspectos básicos. Tienen un plan claro para la IA, supervisión a nivel de consejo y transparencia sobre los datos que utilizan. Las compañías no europeas que citan la norma incluso superan a las de la UE en este terreno.
En cambio, las empresas de la UE van por delante en formación de la plantilla, con un 49,4% que ofrece programas de reciclaje o alfabetización en IA, frente al 40,6% de las compañías de fuera de la Unión.
Pero supervisar la estrategia es una cosa y comprobar qué está haciendo realmente la IA, caso por caso, es otra muy distinta. Solo el 12,4% de las empresas del mundo tiene una política que exija que una persona revise las decisiones individuales de la IA y, aun así, casi la mitad no ha determinado cómo funciona esto en la práctica.
Las comprobaciones sobre derechos son aún más escasas. Menos de una de cada cuatro empresas evalúa si su IA podría perjudicar los derechos de las personas trabajadoras, incluso entre las más implicadas con la ley.
Ese aspecto está a punto de cobrar mucha más importancia. A partir de agosto de 2026, las empresas que utilicen IA de alto riesgo, en contratación, crédito o sanidad, estarán obligadas por ley a realizar esa evaluación antes de desplegarla y a comunicar los resultados a las autoridades reguladoras.