El Gobierno español está intensificando su ofensiva contra los alojamientos turísticos no regulados, al considerarlos uno de los factores clave que dificultan el acceso a la vivienda en el país.
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La plataforma de alojamiento Booking.com ha retirado de su página web más de 4.000 anuncios de pisos turísticos en España tras recibir un requerimiento del Ministerio de Consumo español, que detectó publicidad ilícita en sus listados. Según el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, los anuncios incumplían la normativa vigente por carecer de número de licencia, mostrar códigos fraudulentos o no identificar correctamente si el arrendador era un particular o una empresa.
La mayoría de estas viviendas estaban ubicadas en las Islas Canarias, aunque también se localizaron anuncios ilegales en Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Tras la notificación oficial, Booking procedió a retirar los anuncios sin necesidad de abrir un expediente sancionador, lo que el Ministerio calificó como un gesto de colaboración positiva.
Consumo subraya que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia contra los alquileres turísticos no regulados en España, a los que considera un factor clave en el encarecimiento del mercado de la vivienda. El objetivo, insisten, es proteger tanto a los consumidores como al sistema de vivienda residencial.
La retirada de estos anuncios por parte de Booking se produce poco después de un caso similar con Airbnb, a la que se obligó judicialmente a eliminar casi 66.000 pisos turísticos ilegales tras no acatar voluntariamente las exigencias del Ministerio.
Las regiones españolas endurecen sus normativas
El auge del alquiler turístico en los últimos años ha generado un intenso debate en toda España, especialmente en zonas con gran presencia turística como Barcelona, Madrid, Valencia y Palma de Mallorca. Las autoridades locales y los vecinos han denunciado que estos alojamientos ilegales están desplazando a los residentes y tensionando el mercado del alquiler tradicional.
En respuesta, varias comunidades autónomas han endurecido sus normativas para limitar el crecimiento de los pisos turísticos y mejorar los mecanismos de control. El Gobierno central, por su parte, ha planteado reforzar la coordinación con plataformas digitales y comunidades autónomas para combatir el fraude, garantizar la transparencia y preservar el derecho a la vivienda.