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La Justicia española obliga a Airbnb a pagar una multa de 64 millones y rechaza suspender la sanción

ARCHIVO - El ícono de la aplicación Airbnb se muestra en la pantalla de un iPad en Washington, D.C., el 8 de mayo de 2021. (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo)
ARCHIVO - El ícono de la aplicación Airbnb se muestra en la pantalla de un iPad en Washington, D.C., el 8 de mayo de 2021. (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo) Derechos de autor  AP Photo
Derechos de autor AP Photo
Por Christina Thykjaer
Publicado Ultima actualización
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El TSJM rechaza suspender la multa de 64 millones impuesta a Airbnb por el Ministerio de Consumo en España. La plataforma deberá abonar la sanción mientras recurre la decisión, relacionada con anuncios de viviendas turísticas ilegales y prácticas engañosas.

Airbnb sufre otro varapalo en el mercado español. Este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado la solicitud de medidas cautelares presentada por la empresa para suspender el pago de la multa de casi 64 millones de euros que le impuso el Ministerio de Consumo en diciembre de 2025. Con esta decisión, la plataforma deberá abonar la sanción mientras continúa el proceso judicial.

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La resolución judicial no entra en el fondo del caso, sino que se limita a rechazar la petición de la compañía de paralizar el pago hasta que haya sentencia firme. Airbnb, no obstante, mantiene su intención de recurrir la sanción, al considerar que es contraria al marco legal español y europeo.

La multa fue impuesta por diversas infracciones relacionadas con la publicación de anuncios de viviendas turísticas en su plataforma. Entre ellas, destacan la oferta de alojamientos sin licencia, el uso de números de registro falsos o incorrectos y la falta de información veraz sobre los anfitriones, lo que las autoridades califican como prácticas engañosas para los consumidores.

Según el Ministerio de Consumo español, la cuantía de la sanción equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por estas prácticas. Además, las irregularidades afectaron a decenas de miles de anuncios que incumplían la normativa autonómica vigente sobre viviendas turísticas.

El Gobierno ha intentado reforzar el control del alquiler turístico para hacer frente a la crisis de vivienda que afecta tanto a España como a otros grandes mercados europeos. Otros países, como Francia, Italia o Portugal, también han endurecido la regulación ante su impacto en el acceso a la vivienda.

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