La multa equivale a seis veces los beneficios que Airbnb obtuvo mientras las viviendas seguían anunciadas pese a incumplir la normativa.
España acaba de endurecer su postura sobre los alquileres de corta duración. El país ha multado a Airbnb con 65 millones de euros por seguir anunciando alojamientos de corta estancia prohibidos o sin las licencias necesarias para operar. El Ministerio de Consumo señaló que la sanción es firme y ordenó a la plataforma con sede en Estados Unidos retirar de inmediato los anuncios ilegales.
Las autoridades indicaron que más de 65.000 anuncios de Airbnb vulneraron las normas españolas de protección de los consumidores, al anunciar viviendas sin licencia o con números que no coinciden con los registros oficiales.
La multa equivale a seis veces los beneficios que Airbnb obtuvo entre el aviso de las autoridades sobre los anuncios infractores y su retirada. Llega además en un momento en que crece la presión sobre el Gobierno para frenar el alojamiento turístico en plena crisis de vivienda, especialmente en las grandes ciudades desbordadas por el volumen de visitantes.
¿Por qué multó España a Airbnb?
Según las autoridades españolas, 65.122 anuncios de Airbnb infringieron normas destinadas a proteger a inquilinos y consumidores. Muchas de las viviendas estaban en regiones donde los alquileres de corta duración están restringidos o requieren autorización expresa. El Ministerio de Consumo señaló que plataformas como Airbnb deben comprobar que los inmuebles anunciados en España cumplen las normas de vivienda locales y autonómicas, incluido el uso de números de licencia válidos.
Cuando no lo hacen, añadió, estos alquileres permanecen en el mercado más tiempo del debido, lo que reduce el parque de viviendas disponible para residentes que buscan alojamiento de larga duración.
En un comunicado del Ministerio de Consumo, el ministro Pablo Bustinduy señaló que hay "miles de familias que viven al límite" por la crisis de vivienda del país, mientras algunas empresas se benefician de "modelos de negocio que expulsan a la gente de sus casas". La ofensiva no se ha limitado a Airbnb. En junio, España también ordenó a Booking.com retirar más de 4.000 anuncios de alojamientos ilegales.
La prohibición de Airbnb en Barcelona y el creciente malestar en España
Barcelona se ha convertido en el foco más visible de la lucha de España contra los alquileres de corta duración. Este año, la ciudad anunció planes para eliminar progresivamente todos los apartamentos turísticos de aquí a 2028, lo que en la práctica vetará a plataformas como Airbnb la gestión de alquileres vacacionales en edificios residenciales.
Desde el Ayuntamiento sostienen que los alquileres de corta estancia han vaciado barrios, han expulsado a residentes del mercado del alquiler y han reconfigurado distritos enteros en torno al turismo. Las comunidades locales han hecho suyas esas preocupaciones y han organizado protestas, desde marchas hasta ataques improvisados con pistolas de agua, contra el turismo de masas y el coste de la vida.
En el resto de España, los Gobiernos regionales y el nacional han seguido una senda similar. Las autoridades retiraron recientemente más de 53.000 viviendas turísticas ilegales de los registros oficiales en todo el país, la mayoría en Andalucía, Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
España recibió un récord de 94 millones de turistas extranjeros en 2024. Este año va en camino de superar ese récord. Aunque el turismo sigue siendo un pilar económico, las autoridades sostienen que una regulación más estricta de los alquileres de corta duración es esencial para equilibrar el crecimiento de visitantes con la calidad de vida de los residentes.