Gracias al proyecto de ley "Great Repeal Bill" (Gran Ley de Derogación), Londres ya no estará sujeta a las normas europeas, salvo que así lo decida.
PUBLICIDADA los legisladores británicos aún les queda por delante lo más difícil. Westminster va a estar desbordado en los dos próximos años porque el ‘brexit’ va a suponer un trabajo legislativo ingente.
Con la denominada “Great Repeal Bill” – la Gran Ley de Derogación – tendrán que reordenar 40 años de una legislación estrechamente imbricada con la europea.
Theresa May, primera ministra británica anunciaba así su marcha de la UE: “Gran Bretaña deja la Unión Europea. Vamos a tomar nuestras propias decisiones y hacer nuestras propias leyes”
El mensaje de May está claro pero el fondo es mucho más complejo. Reino Unido firmó el Tratado de Adhesión por el cual se adoptó la llamada “Ley de Comunidades Europeas de 1972”.
Esta norma permitía al Parlamento británico incorporar los tratados europeos a su derecho nacional y establecía la preponderancia del derecho comunitario sobre el nacional. Esta ley será ahora derogada.
El Reino Unido tampoco estará ya sujeto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pero habrá que rellenar este vacío legal. El gobierno ha publicado un Libro Blanco sobre la “Gran Ley de Derogación” y la tarea se prevé ardua. Tendrán que reconvertir unas 19.000 leyes europeas que están en vigor en Reino Unido en legislación nacional. Se verán obligados a reescribir normas para ámbitos como la inmigración, las aduanas, el comercio o la agricultura, o hacer enmiendas.
David Davis, el Secretario de Estado para la Salida de la Unión Europea es consciente: “Es un gran cambio, no deberíamos subestimar el trabajo que tenemos por delante; es importante pero no imposible”. Asegura que deben devolver a los ciudadanos lo que pidieron con el referéndum: el control para decidir sus propias leyes. “Las reincorporaremos a nuestra legislación para poder decidir sobre todos los asuntos, por nuestro bien y por el de la Unión Europea”, añade.
Dos años no parece que vayan ser suficientes. Para algunas leyes se harán enmiendas pero muchos temen que para acabar a tiempo el trabajo, los procesos se aceleren y escapen al control parlamentario.
La industria también está preocupada. Algunos sectores clave como el aeroespacial y la aviación, el del medioambiente, la industria química y farmacéutica son especialmente delicados porque tendrán que establecer un nuevo sistema de regulación nacional con lo que ello conlleva económicamente.