Barcelona y otros seis municipios catalanes de más de 100.000 habitantes como Tarragona y LLeida, no cederán locales municipales para celebrar el referéndum del 1 de octubre.
Sin dar un no tajante, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha paralizado los trámites a la espera de que el Govern aclare qué hará para no poner en riesgo a la institución ni a los funcionarios tras la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) de la ley del referéndum y de la convocatoria. Otros 654 consistorios, en cambio, se han comprometido a colaborar con la votación.
Ahora en nuestra portada:
AdaColau</a> paraliza la cesión de colegios para el <a href="https://twitter.com/hashtag/1O?src=hash">#1O</a><a href="https://t.co/9cwyRJnnoO">https://t.co/9cwyRJnnoO</a> <a href="https://t.co/JRSCh8lqsT">pic.twitter.com/JRSCh8lqsT</a></p>— El HuffPost (ElHuffPost) 8 septembre 2017
Vaya, al parecer, lo de Ada Colau no es como nos lo están contando, qué sorpresa… pic.twitter.com/rFPgzfh1l2
— Anacleto Panceto (@Xuxipc) 8 septembre 2017
También este viernes, como parte del dispositivo que Madrid ha puesto en marcha para impedir la consulta, la Fiscalía presentó una querella contra el presidente catalán y el Govern al completo por los delitos de desobediencia grave, prevaricación y malversación de fondos públicos y pidió al tribunal que exija fianzas por el gasto del 1-O.
Entre las medidas cautelares solicitadas figura la interrupción del funcionamiento de la página web Garanties.cat, que informa sobre la celebración del referéndum, y la prohibición de propaganda sobre el voto en los medios de comunicación públicos y privados con sede en Cataluña. Además, solicita al Tribunal que oficie a las Fuerzas de Seguridad del Estado con competencias en materia de Policía Judicial para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum ilegal.
