PUBLICIDADLa alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el gobierno de la Generalitat de Cataluña llegan a un acuerdo para que se pueda votar en la ciudad en el referéndum independendista del 1 de octubre. Así lo anunció Colau en su cuenta de twitter, pese a que el mismo día el secretario municipal emitió un informe en el que advierte de que la alcaldesa y los funcionarios podrían arriesgarse a consecuencias penales por incumplir la legalidad española y las resoluciones del Tribunal Constitucional. En su mensaje, Colau asegura que se cumple con el compromiso de “poder participar sin poner en riesgo la institución ni a los servidores públicos”. Inmediatamente después, el presidente catalán Carles Puigdemont envió otro tuit felicitándose por “¡la buena noticia!.
Complim el nostre compromís: a Barcelona l’#1oct es podrà participar sense posar en risc institució ni servidors públics
— Ada Colau (@AdaColau) 14 de setembre de 2017
Bona notícia! https://t.co/l8NnOpbS9O
— Carles Puigdemont (@KRLS) 14 de setembre de 2017
Fuentes municipales explican que la fórmula será parecida a la acordada con otras poblaciones como Terrassa, Granollers o Blanes donde los locales utilizados no serán del ayuntamiento, si no de la Generalitat o terceros como las diputaciones o los consejos comarcales. En el caso de Barcelona, el 70 por ciento de los espacios que habitualmente se usan como colegios electorales pertenecen al gobierno catalán.
En su informe de 15 páginas, el secretario municipal Jordi Casas recordó que “la alcaldesa, el Ayuntamiento y sus trabajadores en ejercicio de sus funciones públicas quedan vinculadas por el mandato del Tribunal Constitucional de abstenerse de realizar actuaciones que permitan la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña”.
Colau, que pertenece a una plataforma política en la que participa Podemos y gobierna en alianza con los socialistas contrarios a este referéndum, había mantenido en los últimos días una postura incierta sobre la decisión final en la capital catalana. A la demanda de la Generalitat de cesión de colegios electorales y pese a que la mayoría de municipios catalanes han respondido positivamente, los de mayor población gobernados por socialistas han contestado negativamente.