Posiciones encontradas sobre la decisión de la Justicia de abrir la puerta a que las ciudades puedan prohibir circular a los vehículos diésel más contaminantes.
PUBLICIDADEn Alemania no se habla de otra cosa. De la decisión de la Justicia de abrir la puerta a que las ciudades puedan prohibir circular a los vehículos diésel más contaminantes, por razones medioambientales. Una medida que el Gobierno de Berlín trataba de evitar. Cerca de 70 ciudades superaron los niveles fijados por la normativa europea.
"No estoy segura de si esta prohibición va a cambiar algo. En principio, es una buena oportunidad para parar la contaminación, pero no creo que vaya a poner fin al problema", dice una vecina de Düsseldorf.
"Quienes han contaminado deben pagar y hablo de la industria del automóvil. Es ella la que hizo trampas, no los conductores", señala otro vecino de Düsseldorf.
La ministra de Medio Ambiente, Barbara Hendricks, quiere evitar las prohibiciones de conducir. Y si es necesario, aboga por introducir una identificación de coches limpios, la llamada "etiqueta azul".
"Esto no significa que las prohibiciones de conducir vayan a entrar en vigor de la noche a la mañana. Mi objetivo sigue siendo que dichas prohibiciones no tengan que entrar en vigor, porque podemos lograr un aire limpio de otras maneras", ha declarado Barbara Hendricks, ministra alemana de Medio Ambiente.
Los ayuntamientos y los ecologistas también piden la introducción de una etiqueta nacional, con la que las ciudades podrían regular y controlar las restricciones de manera uniforme. Para reducir la contaminación, los vehículos Euro-5 y Euro-6 deben ser modernizados técnicamente. Pero, ¿quién pagará la factura? Para el Automóvil Club de Alemania (ADAC) estos cambios técnicos supondrán "costes significativos".
"La conversión costaría unos 1.500 euros. El deber moral de los fabricantes de automóviles, aunque solo sea por una cuestión de imagen, es contribuir a cubrir los costes siempre que sea posible", ha explicado Markus Schäpe, abogado del Automóvil Club de Alemania (ADAC).
Para el ministro de Protección al Consumidor, Heiko Maas, está claro que deben ser los fabricantes de coches quienes deben asumir el coste de las modificaciones técnicas y no los compradores.