Bofetón del Legislativo chileno al Gobierno de Sebastián Piñera. Con el apoyo de 13 legisladores del bloque oficialista, la Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley que permite a los ciudadanos retirar de forma anticipada el 10 % de lo cotizado...
PUBLICIDADBofetón del Legislativo chileno al Gobierno de Sebastián Piñera. Con el apoyo de 13 legisladores del bloque oficialista, la Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley que permite a los ciudadanos retirar de forma anticipada el 10 % de lo cotizado en su fondo de pensiones para paliar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. La votación, cuyo resultado fue 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones, estuvo precedida por numerosos llamamientos en las redes sociales para presionar a los parlamentarios y tuvo como telón de fondo de una cascada de actos violentos:
"Lo que pasó anoche es grave, particularmente grave. Durante varias horas en la Región Metropolitana (Santiago) y también en algunas regiones del país, varios grupos realizaron actos violentos, incluyendo saqueos, barricadas y ataques a la policía y a las unidades policiales", explicaba en rueda de prensa el ministro del Interior, Gonzalo Blumel Mac-Iver.
Instaurado por el dictador Augusto Pinochet en 1980, el modelo de pensiones chileno se basa el ingreso obligatorio del 10 % del sueldo bruto mensual en un fondo de pensiones que gestionan entidades privadas llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y del que solo se puede disponer tras la jubilación. En estos momentos, acumula unos 200.000 millones de dólares.
El Gobierno intentó frenar la modificación de la ley presentando nuevas medidas para ayudar a la clase media, la más castigada por la pandemia. Tras su victoria, la oposición considera que hay que ir más allá y ha llegado el momento de reformar un sistema de pensiones que considera injusto e insolidario.
La aprobación del proyecto por la Cámara de Diputados fue saludada con una cacerolada masiva en algunos barrios de Santiago y en otras ciudades del país. Sin embargo, la normativa no tiene garantizado el apoyo necesario en el Senado y hay quien teme que un rechazo desemboque en un estallido de protestas sociales como el que se produjo en octubre de 2019.