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Cómo el Líbano se enfrenta a una crisis tras otra

Un mecánico de bicicletas cuenta billetes en Líbano
Un mecánico de bicicletas cuenta billetes en Líbano   -   Derechos de autor  Hassan Ammar/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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La capital del Líbano fue devastada esta semana por una terrible explosión y ahora necesita inversiones masivas para volver a la normalidad, algo complicado en un país que actualmente sufre la peor recesión de su historia.

Se habían registrado casi 150 muertes en el momento de la publicación tras la explosión del martes en el puerto principal de la ciudad. Más de 5.000 personas resultaron heridas y otras 300.000 se quedaron sin hogar.

Para el Líbano, la devastación de la explosión -probablemente causada por la ignición de 2.750 toneladas de nitrato de amonio- se produjo cuando el país está luchando con una situación económica desesperada y una pandemia mundial.

Una crisis económica

El Banco Mundial dio la alarma en noviembre pasado, advirtiendo que alrededor de un tercio de los 6,1 millones de habitantes del Líbano vivían por debajo del umbral de pobreza en 2019 y que el porcentaje podría aumentar al 50% este año.

Para entonces, la moneda libanesa ya había comenzado su caída libre y desde ese momento ha perdido el 80% de su valor frente al dólar estadounidense.

El choque monetario se precipitó por lo que se ha descrito como un esquema Ponzi patrocinado por el Estado. Para mantener la economía a flote, durante años el banco central pidió prestado dinero a los bancos privados. Para atraer cada vez más dinero y ofrecer así préstamos al banco central, estas instituciones financieras ofrecían tipos de interés cada vez más altos a los titulares de cuentas: ciudadanos libaneses y la diáspora.

Pero la preocupación por este sistema, la corrupción política y la disminución de las remesas de la diáspora hicieron que el dinero del banco central se agotara y que todo el sistema se viniera abajo.

"La lira libanesa se había utilizado anteriormente de forma intercambiable con el dólar estadounidense a un tipo de cambio fijo. El Líbano importa la mayor parte de sus necesidades, incluidos los alimentos", dijo a Euronews Hannes Baumann, profesor titular de la Universidad de Liverpool y profesor visitante del Centro de Oriente Medio de la LSE.

"La disminución del valor de la moneda significa que las importaciones se vuelven inasequibles. La inflación se ha disparado y muchas familias se ven empujadas por debajo de la línea de pobreza. Muchos negocios tuvieron que cerrar. Muchos libaneses emigrarán, y es probable que los más educados y los que tienen doble nacionalidad se vayan primero", añadió.

Sin embargo, lo que aún no había surgido en ese momento era la pandemia COVID-19, que desde entonces ha matado a más de 715.000 personas en todo el mundo y ha devastado las economías de todo el mundo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) predijo en abril -cuando la mayor parte de la humanidad se encontraba encerrada- que el Producto Interno Bruto (PIB) del Líbano se reduciría en un 12% este año, tras una caída del 6,5% en 2019. Mientras tanto, se esperaba que la inflación se disparara del 2,9% del año pasado al 17% en 2020.

Una crisis política

Después de una traumática guerra civil de 15 años, el sistema político del Líbano fue reconstruido en 1990 para dar representación a varios grupos religiosos, de los cuales los más grandes son los maronitas cristianos, los musulmanes suníes y los musulmanes chiítas.

El número de escaños en el parlamento se divide entre cristianos y musulmanes y proporcionalmente entre las diferentes denominaciones dentro de cada religión. Los puestos gubernamentales y los del sector público también se dividen entre las sectas mayoritarias.

El presidente debe ser siempre un cristiano maronita, el primer ministro un sunita y el presidente del parlamento un chiíta, una regla que tiene divisiones muy arraigadas.

Las recientes y sucesivas crisis monetarias han llevado a la gente a las calles en protesta, que a veces se han vuelto violentas. Los manifestantes protestan contra la corrupción generalizada y han pedido repetidamente al gobierno que se retire.

Según el último informe de Transparencia Internacional, una ONG anticorrupción, el 87% de los ciudadanos del Líbano piensan que su gobierno no está haciendo lo suficiente para combatir la corrupción. El país también tiene la tasa de soborno más alta de la región, el 41%.

El FMI, cuya misión es prestar asistencia a las economías en dificultades, lleva meses negociando con el país y los progresos han sido lentos.

Kristalina Georgieva dijo en un webcast de Reuters a finales de junio que "el núcleo de la cuestión es si puede haber unidad de propósito en el país que pueda llevar adelante un conjunto de medidas muy duras pero necesarias".

"Las elites políticas del Líbano han utilizado la reconstrucción desde el final de la guerra civil en 1990 para enriquecerse. Los servicios públicos como la electricidad, la recogida de residuos o el suministro de agua potable son lamentablemente inadecuados", dijo Baumann.

"La explosión encaja en este patrón: las agencias públicas han estado cerrando los ojos a la peligrosa carga almacenada en el puerto desde 2013. La responsabilidad última del lamentable estado de los servicios públicos recae en los gobiernos desde 2013, que han descuidado una administración transparente y responsable", añadió.

"Un punto importante es también que las potencias extranjeras, desde EE.UU. a Europa, desde Arabia Saudita a Irán, complacieron a la clase política del Líbano durante años. Una gran parte de la ayuda extranjera al país se utilizó para financiar las redes de patrocinio de los políticos", continuó.

"No hay cheque en blanco”

A pesar de la magnitud de la destrucción y la amenaza de COVID-19, la ira contra el gobierno por la explosión envió una vez más a la gente a la calle en masa el jueves.

Ese mismo día, el presidente francés Emmanuel Macron había prometido a los habitantes locales un "nuevo pacto político" tras las reuniones con el presidente del país, el primer ministro y otros líderes políticos.

Macron le dio al gobierno hasta el 1 de septiembre para imponer este pacto, advirtiendo que no habría "ningún cheque en blanco a un sistema que no tiene la confianza del pueblo".

También se comprometió a ayudar a organizar la ayuda europea e internacional al país y prometió que los fondos se canalizarían "directamente a las ONG".

Para Baumann, "el gobierno parece insostenible, aunque no está claro qué tipo de gabinete lo reemplazará". "Entre las demandas más concretas se incluye una investigación independiente sobre las causas de la explosión, posiblemente internacional, ya que no se confía en las instituciones estatales", dijo.