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Bruselas abre un expediente contra Alemania

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Constitutional court in Karlsruhe
Constitutional court in Karlsruhe   -   Derechos de autor  SEBASTIAN GOLLNOW/ Copyright 2020, dpa (www.dpa.de)
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La Comisión Europea ha iniciado un proceso legal contra Alemania para demostrar que la ley de la Unión Europea está por encima de la legislación nacional.

En 2020, el Tribunal Constitucional alemán dictaminó que un programa de compra de bonos de 2015 del Banco Central Europeo no estaba en consonancia con las leyes alemanas. Según la Comisión Europea, la decisión provoco un riesgo grave para el orden legal de la Unión Europea y ha pedido a Alemania que responda en dos meses.

"De lo que se acusa a los tribunales alemanes es de poner la ley alemana por encima de la ley de la UE. Y ese es un problema central en toda la configuración del régimen legal de la UE, que se basa en el entendimiento de que la ley de la UE pasa por encima de cualquier legislación nacional incluso incluyendo el derecho constitucional nacional", explica el profesor de Derecho de la Universidad de Lovaina, Geert van Calster.

El caso de infracción es formalmente contra Alemania, pero la UE también quiere enviar un mensaje contundente a Hungría y Polonia ya que sus gobiernos cuestionan con frecuencia la prioridad de la legislación de la UE."Así que sí, claramente, el mensaje es claro para Alemania: nos lo tomamos en serio. Y creemos que la forma en que los tribunales superiores evalúan su relación con la legislación de la UE es un problema, pero el mensaje también es claro para otros Estados miembros, incluidos Polonia y Hungría: perseguimos estos casos no solo contra los Estados miembros acusados de violar el Estado de Derecho, sino también contra algunos de los Estados miembros más antiguos que también podrían estar infringiendo el Estado de Derecho", detalla el experto.

La Comisión Europea ha iniciado otro proceso de infracción contra Hungría por la ultima emisora de radio de oposición KlubRadio que perdió su frecuencia de emisión recientemente. Bruselas argumenta que, en este caso, Budapest no cumplió con las normas de telecomunicaciones de la UE.