Miles de indígenas se movilizaron hasta la ciudad de Brasilia para presionar al Congreso y a la Corte Suprema ante la discusión de varios proyectos de Bolsonaro que amenazan sus derechos y territorios.
PUBLICIDAD"Lucha por la vida": miles de indígenas iniciaron este lunes en Brasilia una semana de movilizaciones para presionar al Congreso y a la Corte Suprema ante la discusión de proyectos y casos cruciales para el futuro de sus derechos y territorios.
Con vistosos tocados de plumas y trajes típicos de cada etnia, varios grupos instalaron sus tiendas de campamento en la zona central de la capital, donde realizarán hasta el domingo "actos contra la agenda anti-indígena" del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, organizados por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Los indígenas rechazan una serie de proyectos de ley del Ejecutivo que avanzan en el Congreso Nacional y son vistos como amenazas para su supervivencia y la protección del medioambiente.
Entre ellos, figura una nueva legislación que pretende adoptar el criterio de "marco temporal" para la demarcación de las tierras indígenas, reconociendo como tierras ancestrales solo aquellas que estaban ocupadas por ellos cuando se promulgó la Constitución de 1988.
La Corte Suprema retomará esta semana la deliberación sobre este asunto, considerado por los indígenas como "el proceso más importante del siglo".
"Vivimos un contexto de mucha opresión, de retroceso en relación a las leyes que fueron conquistadas a lo largo de muchos años por el movimiento indígena", dijo a la AFP Kleber Karipuna, representante de la APIB, en el campamento.
Desde que Bolsonaro llegó al poder, en 2019, los indígenas multiplicaron sus denuncias sobre invasiones a sus tierras, violencia y otras violaciones a sus derechos.
En junio pasado, cuando el proyecto sobre el "marco temporal" fue aprobado en una comisión de Diputados, cientos de indígenas que se manifestaban frente al Congreso chocaron con la policía, con un saldo de tres de ellos heridos y tres agentes de seguridad alcanzados con flechas.
De momento en un clima pacífico, unos 4 000 indígenas de 117 etnias diferentes ya acampaban en la capital el lunes, según los organizadores.
Bolsonaro también defiende un proyecto de ley para autorizar la minería y otras actividades extractivas en las reservas indígenas, la mayoría de las cuales se hallan en territorios amazónicos, vitales para la preservación del medioambiente.
También avanzan en el Congreso otras propuestas para facilitar la regularización de tierras públicas ocupadas ilegalmente. Según ambientalistas y otros críticos, eso estimulará todavía más la invasión de tierras, perpetrada históricamente por madereros, mineros ilegales y explotaciones agropecuarias, y la deforestación, especialmente en la Amazonía.
Sentencia clave
El criterio del marco temporal, impulsado por el gobierno y sus aliados en el Congreso, será discutido a partir del miércoles por el Supremo Tribunal Federal (STF), en un caso de repercusión general que afectará a decenas de tierras indígenas en litigio desde hace años y cuya votación podría requerir más de un día de deliberación.
Los indígenas consideran injusta la creación de un "marco temporal" como criterio para reconocer sus tierras porque muchos grupos fueron desplazados de sus lugares de origen a lo largo de la historia, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985), y no lograron retornar hasta después de 1988, cuando se promulgó la Constitución brasileña vigente.
"Si el STF acepta el 'marco temporal', podrá legitimar la violencia contra los pueblos indígenas y estimular conflictos en la selva amazónica y otras regiones", dijo en un comunicado Francisco Cali Tzay, relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas.
El tribunal "tendrá sangre indígena en sus manos" si apoya esa tesis, sostuvo la líder indígena Alexandra Munduruku.
En Brasil existen actualmente unos 900 000 indígenas, que representan 0,5% de los 212 millones de brasileños y cuyas reservas ocupan el 13% del vasto territorio nacional.
Los indígenas también denuncian omisiones del gobierno en la prevención y cuidado de los pueblos originarios frente al covid, que ha dejado 1 166 muertos y más de 58 000 contagiados en sus comunidades, según cifras de la APIB.