Agria reacción de Hungría y Polonia tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que les puede dejar sin los fondos de recuperación
PUBLICIDADLa decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalando la condicionalidad de los fondos comunitarios al respeto de los valores del Estado de derecho escuece al Gobierno de Viktor Orbán. A apenas un mes y medio de las elecciones legislativas en Hungría, el Ejecutivo ultraconservador ve peligrar 22 000 millones de euros del fondo de Recuperación de la UE si no da un giro de 180 grados en algunas de sus políticas. En el punto de mira, está la ley de protección de la infancia, muy criticada en Bruselas por prohibir educar a los menores en diversidad sexual.
- "Hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tomado una decisión política sobre la ley húngara de protección de la infancia", se quejaba Judit Varga, ministra de Justicia de Hungría. "No estamos realmente sorprendidos, pero vemos que en el debate sobre la Ley de protección de la infancia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha convertido en un actor político", lamentaba.
Pero esta normativa, no es la única que ha tensado las relaciones con Viktor Orbán.
El Gobierno polaco, ultraconservador como el de Orbán, también ha recibido la sentencia con el resquemor que da el riesgo de perder 75 000 millones de euros correspondientes al Fondo de Recuperación en los próximos 5 años.
"Lamentablemente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma la peligrosa tendencia del tribunal y de las instituciones de la UE a ir más allá de los tratados de la Unión y del funcionamiento de la ley. Polonia ha recurrido estas disposiciones porque considera que van más allá de los tratados de la UE aceptados por los países de la UE, aceptados por las naciones individuales a través de referendos o procedimientos que están en vigor en un país específico", afirmaba Piotr Müller, portavoz del Gobierno polaco.
Tras conocerse la sentencia, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha pedido a la Comisión que aplique sin demora el mecanismo que condiciona recibir los fondos de recuperación al respeto del espíritu y de los valores del Estado de derecho en la UE.