Amnistía ha documentado ataques ilegales contra civiles por tierra y aire, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales
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Bombardeo de escuelas, hospitales, edificios religiosos. Desde el golpe de Estado de febrero de 2021, el Ejército de Birmania lleva a cabo operaciones de castigo colectivo contra la población civil en los estados de Kayah y Kayin.
El frágil alto el fuego que imperaba en estas regiones orientales desde 2012 estalló dando paso a una brutal represión que ha denunciado la ONG Amnistía Internacional.
"Documentamos innumerables violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos ataques ilegales contra civiles por tierra y aire, detención arbitraria de civiles, sometimiento a tortura en algunos casos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, un patrón muy claro de saqueo y quema de pueblos", explica Rawya Rageh, asesora principal de crisis de Amnistía Internacional.
Amnistía asegura que las operaciones militares "reflejaban su política característica de castigo colectivo de las comunidades civiles percibidas por apoyar a un grupo armado".
Ambos Estados birmanos han sido testigos de algunos de los combates más feroces desde el golpe, con combatientes antigolpistas a menudo uniéndose a grupos étnicos más establecidos.