El juez Santiago Pedraz imputa a varios antiguos responsables de la UDEF por supuestas investigaciones irregulares contra Podemos entre 2015 y 2016, en una causa impulsada por Pablo Iglesias que denunció acciones policiales sin control judicial durante el Gobierno del PP.
La Audiencia Nacional investiga si distintos altos mandos policiales promovieron operaciones irregulares contra la formación Podemos durante la última etapa del Partido Popular (PP) al frente del Gobierno. El juez Santiago Pedraz ha imputado al excomisario José Manuel García Catalán, antiguo responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y lo ha citado a declarar el próximo 25 de junio.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
La decisión llega tras aceptarse un recurso presentado por Pablo Iglesias, quien ejerce la acusación particular en la causa. El magistrado investiga si, entre 2015 y 2016, se llevaron a cabo pesquisas policiales sin autorización judicial contra Podemos y algunos de sus dirigentes, con el objetivo de obtener o legitimar informaciones comprometedoras contras la formación morada.
Uno de los episodios bajo sospecha es un viaje realizado en abril de 2026 a Nueva York por García Catalán y otros agentes para recabar el testimonio del exministro venezolano Rafael Isea. Según la documentación incorporada a la causa, el propósito formal era verificar un documento que vinculaba a dirigentes del partido de izquierda con supuestos pagos del Gobierno de Caracas. Sin embargo, la acusación sostiene que "el verdadero objetivo" era dar cobertura a filtraciones previas y alimentar una campaña de descrédito político.
Doce años de pleito
La investigación se remonta a 2014, cuando el juez Pedraz admitió una querella de Podemos por supuestas "investigaciones prospectivas", ajenas al control judicial, destinadas a erosionar al partido mediante filtraciones a los medios.
En su declaración ante la Audiencia Nacional en 2025, Isea denunció "numerosas irregularidades" en el acta del testimonio que prestó en Nueva York, Estados Unidos, y afirmó que no podría avalar la veracidad del documento atribuido.
Además de García Catalán, figuran como investigados otros antiguos responsables del Ministerio del Interior, entre ellos el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. El caso se desarrolla en paralelo al conocido como caso Kitchen, que examina el presunto caso de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas por parte de miembros de la Policía, y vuelve a situar el supuesto uso de recursos públicos con fines políticos bajo el foco judicial.