Suu Kyi todavía tiene que ser juzgada por al menos otros 10 presuntos delitos de corrupción
PUBLICIDAD5 años más de prisión: esta es la condena que un tribunal, dirigido por la Junta Militar, impuso este miércoles a la exlíder de Birmania por aceptar 600.000 dólares y 11,4 kilos de oro en sobornos de manos del exgobernador de Rangún, Phyo Min Thein, quien testificó en octubre contra la birmana.
Aung San Suu Kyi, que ya fue condenada entre diciembre y enero a 6 años cárcel, todavía tiene que ser juzgada por al menos otros 10 presuntos delitos de corrupción.
Tanto Suu Kyi como sus defensores califican todas las acusaciones de "absurdas" y aseguran que son "una forma de justificar la toma de poder militar". Sus abogados afirman que no pudieron reunirse con la acusada.
El partido político de la premio Nobel de la Paz llegó a la presidencia del país en 2015. Más tarde, el 1 de febrero de 2021, fue derrocado tras un golpe militar. Desde entonces, Birmania está sumida profunda crisis política, social y económica e iniciado una nueva espiral de violencia.
Cargos pendientes
En el caso resuelto el miércoles, fue acusada de recibir 600.000 dólares y siete lingotes de oro entre 2017 y 2018 de Phyo Min Thein, el ex ministro jefe de Rangún, la mayor ciudad del país, y un alto miembro de su partido político.
Los otros nueve casos que se están juzgando en virtud de la Ley Anticorrupción incluyen varios relacionados con la compra y el alquiler de un helicóptero por parte de uno de sus antiguos ministros del Gabinete. Las violaciones de la ley conllevan una pena máxima por cada delito de 15 años de prisión y una multa.
Suu Kyi también está acusada de desviar dinero destinado a donaciones benéficas para construir una residencia, y de hacer un uso indebido de su posición para obtener propiedades en alquiler a precios inferiores a los del mercado para una fundación que lleva el nombre de su madre.
A todo esto se le añade un cargo de violación de la Ley de Secretos Oficiales, que conlleva una pena máxima de 14 años, y por un cargo de fraude electoral, que conlleva una pena máxima de tres años.