Argentina | Culpan al discurso de odio y la polarización política del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Las manifestaciones de condena se suceden. La vicepresidenta ha dejado su casa sonriente y saludando a sus seguidores
PUBLICIDADTodas las miradas están puestas ahora en ella, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que este viernes volvió a salir a la calle sonriente y lanzando besos a sus seguidores, un día después de que un individuo intentara asesinarla disparando con un arma a su cabeza. Por fortuna, la bala se encasquilló, pero la imagen ha sobrecogido al mundo entero.
La mandataria ha dejado su casa en el barrio de Recoleta de Buenos Aires, donde estaba desde el intento de magnicidio, con un destino desconocido.
El Gobierno culpa al discurso de odio imperante
En Argentina, la conmoción es total. El Gobierno de Alberto Fernández declaró este viernes día feriado, para que los ciudadanos pudieran salir a la calle a manifestarse en defensa de la vida y la democracia, y en solidaridad con Cristina Fernández. La concentración más importante se produjo en la capital.
Mientras tanto, el ejecutivo mantiene contactos con todos los sectores para tratar de poner coto al discurso de odio y violencia que envenena la vida política argentina, en medio de un clima de polarización extrema. Un discurso al que muchos manifestantes culpan de lo ocurrido.
De hecho, a pesar de la condena unánime, en la oposición argentina se han alzado voces acusando al Gobierno de utilizar el ataque para movilizar a sus militantes. Los mensajes de repudio han llegado de toda Latinoamérica.
El presunto autor del atentado frustrado contra la expresidenta, que está detenido, ha sido identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, un brasileño de 35 años, que vive en Argentina desde 1993. Tiene antecedentes penales y lleva tatuajes con referencias nazis.
Apretó el gatillo a escasa distancia de la vicepresidenta y en medio del gran número de seguidores kirchneristas apostados junto a su casa desde el 22 de agosto, cuando un fiscal pidió para ella 12 años de cárcel por una acusación de corrupción.