Por Anthony Deutsch y Anna Voitenko
JERSÓN, Ucrania, 11 dic - En los últimos días, un equipo internacional de asesores jurídicos ha estado trabajando con fiscales locales en la ciudad ucraniana de Jersón, que ha sido retomada, mientras empezaban a reunir pruebas de presuntos delitos sexuales cometidos por el ejército ruso como parte de una investigación a gran escala.
La visita de un equipo de Global Rights Compliance, un bufete jurídico internacional con sede en La Haya, no se había comunicado anteriormente.
Sus esfuerzos forman parte de un esfuerzo internacional más amplio para apoyar a las abrumadas autoridades ucranianas en su intento por exigir responsabilidades a los rusos por los crímenes que presuntamente cometieron durante el conflicto, que dura ya casi 10 meses.
Poco después de la invasión rusa del 24 de febrero surgieron acusaciones de violaciones y otros abusos en todo el país, según los testimonios recogidos por Reuters y el organismo de investigación de la ONU.
Moscú, que dice estar llevando a cabo una "operación militar especial" en Ucrania, ha negado haber cometido crímenes de guerra o haber atacado a civiles, y el Kremlin niega las acusaciones de violencia sexual por parte de los militares rusos en Ucrania.
El Ministerio ruso de Defensa no respondió inmediatamente a las preguntas formuladas para este artículo.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, dijo el 9 de diciembre que un informe de Derechos Humanos de la ONU sobre ataques rusos a civiles se basaba en "rumores y cotilleos", y Moscú ha acusado a las fuerzas ucranianas de brutales represalias contra civiles que cooperaron con el ejército ruso.
La magnitud de la tarea de la fiscalía ucraniana es desalentadora, ya que el número de presuntos crímenes internacionales asciende a decenas de miles y la guerra en el este y el sur del país dificulta y hace más peligroso un trabajo ya de por sí complejo.
"Hemos venido en misión de tres días para apoyar a la Fiscalía General y, en concreto, al equipo que investiga la violencia sexual relacionada con el conflicto", explicó Julian Elderfield, uno de los asesores jurídicos que participaron en la visita a Jersón, que se prolongó de jueves a sábado.
"Se trata de hacer las preguntas adecuadas, de seguir líneas de investigación únicas o diferentes que, de otro modo, no habrían seguido los investigadores locales", declaró a Reuters en Jersón el sábado.
Jersón fue ocupada por el ejército ruso durante meses antes de que las tropas ucranianas la retomaran a principios de noviembre, en una de las mayores derrotas militares de Moscú en lo que va de guerra.
Algunos residentes que permanecieron durante la ocupación han descrito haber sido detenidos y torturados, repitiendo las denuncias hechas por ucranianos en todo el territorio que ha sido recuperado por las fuerzas locales en los últimos meses.
El fiscal general de Ucrania ha denunciado más de 50.000 presuntos delitos internacionales desde la invasión rusa a gran escala.
Entre ellos hay cientos de posibles casos de presuntos crímenes de guerra, genocidio y crímenes de agresión, algunos de los cuales podrían elevarse a tribunales extranjeros como la Corte Penal Internacional si se consideran suficientemente graves.
En junio, Ucrania celebró la vista preliminar del primer juicio contra un soldado ruso acusado de violar a una mujer ucraniana durante la invasión rusa. El sospechoso no estaba bajo custodia ucraniana y fue juzgado en rebeldía.