El sentido de la decisión del voto del Tribunal Constitucional este lunes podría suponer una gravísima crisis institucional en España. Sobre la mesa se encuentra la decisión de suspender dos enmiendas presentadas por el Gobierno y evitar su votación en el Senado.
PUBLICIDADEstán siendo días de creciente tensión para el Tribunal Constitucional español.
Este lunes encara un nuevo encuentro, tras convocar el jueves pasado a los miembros del pleno de manera urgente, para valorar si frenan el desbloqueo del propio tribunal a través de la reforma que pretende el Gobierno.
La primera reunión fue aplazada para poder estudiar toda la documentación presentada antes de la votación final que tendrá lugar este lunes.
Euronews ha hablado con el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, para entender el alcance de la decisión que tomará el alto tribunal.
Comenzamos con una cronología de esta crisis entre el poder judicial y el legislativo explicada en seis claves.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Son cuatro los jueces del Constitucional que tienen actualmente el mandato caducado desde hace tres meses. El relevo de dos de ellos le corresponde al Consejo General del Poder Judicial, mientras que los otros dos corren a cargo del Gobierno.
A esto se le suma los cuatro años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El órgano encargado de gobernar a los jueces debió renovarse el 4 de diciembre de 2018. Algo que todavía no ha tenido lugar. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular son los encargados de nombrar un nuevo CGPJ.
Actualmente, una parte del Consejo está imposibilitando la renovación del Tribunal Constitucional.
¿Qué ha pasado esta semana?
El bloqueo tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional ha agotado la paciencia del Gobierno.
Aprovechando que el jueves pasado se iba a votar en el Congreso una proposición de ley, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, para reformar el delito de sedición y suavizar el de malversación, el Gobierno decidió añadir dos enmiendas que han generado discordia.
Dentro de la proposición para reformar la sedición, incluyó un apartado para reformar también la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Esas dos enmiendas establecen un nuevo sistema por el que se nombrará a los dos magistrados que saquen más votos. Eliminando así la obligatoriedad de tres quintos de los votos para que el CGPJ elija a los dos miembros del Constitucional.
El texto también señala que se modificará la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para eliminar la obligación de la elección simultánea de los dos candidatos del Ejecutivo y los dos del Poder Judicial.
¿Por qué hay críticas sobre el procedimiento del Gobierno?
Para el experto en derecho constitucional, Agustín Ruiz Robledo, el Partido Socialista está haciendo lo mismo que ha criticado y rechazado en el pasado.
“Está metiendo una enmienda en una ley que no le corresponde. Por eso los letrados del Congreso han dicho que eso es inconstitucional, porque hay sentencias anteriores del Tribunal Constitucional que establecen que eso no se puede hacer”, señala.
“Viola el artículo 23 de la Constitución y el derecho de participación política. Las leyes tienen que ser homogéneas, tienen que tratar de lo mismo”, añade.
Un defecto de forma. Lo que los juristas sostienen es que se debería de haber presentado un proyecto o una proposición de ley, con todos los informes, debates y opiniones de distintos grupos políticos.
PUBLICIDADNadie cuestiona la importancia de desbloquear el funcionamiento del Tribunal Constitucional y el CGPJ, pero son pocos los que dan el visto bueno a que se haga por la vía rápida y sin todas las garantías.
“Si el Partido Socialista y Unidas Podemos hubiesen querido actuar de forma más ortodoxa, hubiesen ido al registro del Congreso y hubiesen presentado una proposición de ley para modificar estas dos leyes”, afirma el catedrático.
“Estamos viendo acusaciones de golpe de Estado por ahorrarse un trámite de un mes”, zanja.
¿Qué ha hecho el Partido Popular para frenarlo?
El desencadenante de este choque entre el poder legislativo y el judicial ha sido un recurso presentado el pasado miércoles por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional con la idea de paralizar la votación de estas dos enmiendas en el Congreso.
La votación tuvo lugar el jueves y, los conservadores, pretendían frenarla al incluir en su recurso una medida cautelarísima que suspendería las enmiendas.
PUBLICIDADRuiz Robledo asegura que lo realmente excepcional de este recurso de amparo no es que se haya presentado, sino la medida cautelar que se pide.
“Lo normal sería que se admitiese el recurso, pero que no se suspendiese nada. Lo excepcional es pedir en el recurso que se suspendan las dos enmiendas”.
El pleno del Constitucional salvó la votación de las enmiendas en el Congreso tras la decisión del presidente del Tribunal Constitucional de aplazarlo. Sobre la mesa se encuentra ahora la petición del Partido Popular de suspender el trámite parlamentario de las enmiendas y evitar tanto su votación como su validación en el Senado.
¿Qué es lo que el Tribunal Constitucional vota el lunes?
Son dos votaciones distintas las que tendrán lugar este lunes.
Primero, se verá si se admite el recurso del Partido Popular, a lo que el experto en derecho constitucional asegura que cree que no habrá problema.
PUBLICIDADLa segunda votación es algo más trascendental. “La segunda parte es ordenar a las cortes que suspendan la tramitación de esas enmiendas. La votación decidirá si las suspenden de modo provisional, mientras se estudia el fondo del asunto”, explica Ruiz Robledo.
“Es en esta parte donde no sabemos qué es lo que van a decidir”, zanja.
¿Qué repercusión tiene la decisión que tome el Tribunal Constitucional?
Durante el pleno del Congreso el pasado jueves, los parlamentarios socialistas aseguraron que esta era “la amenaza más grave a la democracia desde el 23-F”.
Las alusiones al golpe de Estado del 23-F no quedaron ahí: “Quisieron parar el pleno y la democracia con tricornios y (hoy) lo han hecho con togas”.
El sentido de la decisión del voto del Tribunal Constitucional este lunes podría suponer una gravísima crisis institucional.
PUBLICIDAD“Esto no había pasado nunca. Hasta donde yo sé, nadie ha pedido al Tribunal Constitucional una medida cautelarísima por vulneración de un derecho fundamental. No hay precedente”, apunta Ruiz Robledo.
“Ya hemos visto lo que ha dicho el PSOE y Unidas Podemos calificándolo de golpe de Estado con togas. Si esta decisión se tomase, si se suspenden las enmiendas, tendremos una gran crisis constitucional”, asegura.
“Esto sucedería por algo tan ridículo como que las enmiendas se deberían de haber presentado como una proposición de ley, no por un gran debate como la nacionalización de las empresas o una reforma agraria”, zanja.