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Pedro Sánchez acata la decisión del Constitucional, aunque anuncia medidas para lograr su desbloqueo

Pedro Sánchez, en su comparecencia de este martes sobre la decisión del Constitucional
Pedro Sánchez, en su comparecencia de este martes sobre la decisión del Constitucional Derechos de autor Eurovision
Derechos de autor Eurovision
Por Euronews en español
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La reforma contaba con el visto bueno del Congreso pero no podrá recibir el aval del Senado, en la votación prevista para este jueves.

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Choque institucional y acusaciones cruzadas en España. Por primera vez en la historia de su democracia, el Tribunal Constitucional ha paralizado una ley en plena tramitación parlamentaria.

Se trata de la reforma del Poder Judicial y de la renovación del propio Tribunal Constitucional. La reforma contaba con el visto bueno del Congreso pero no podrá recibir el aval del Senado, en la votación prevista para este jueves.

Para el Gobierno de Pedro Sánchez, encargado de promover esta ley, la decisión del Constitucional, ahora mismo de mayoría conservadora, es de una "gravedad máxima", ya que, sostienen, acota la capacidad legislativa, lo que no tiene precedentes.

"Son hechos que no tienen precedentes en la historia democrática de nuestro país", decía el presidente Pedro Sánchez en una comparecencia especial", pero tampoco de ningún país del espacio institucional europeo. "Conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas seas precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional". 

Son hechos que no tienen precedentes en la historia democrática de nuestro país
Pedro Sánchez
Presidente del Gobierno de España

La postura de la oposición

Para la oposición la realidad es bien diferente. El Partido Popular, encargado de presentar la medida cautelarísima aceptada por el Constitucional, recuerda que el Gobierno había utilizado dos enmiendas en la ley sobre el delito de sedición para cambiar a su vez otra ley, de manera exprés, dispuesta a reformar el Poder Judicial. Algo, aseguran los populares, incorrecto en cuando a los procedimientos legales y que, aseguran, atenta contra el Estado de derecho.

El Gobierno de Pedro Sánchez acusa al PP de tener secuestrado el Poder Judicial, con un bloqueo que impide su renovación desde hace cuatro años, algo que para los socialistas supone un "incumplimiento de la Constitución española".

En definitiva, dos puntos de vista completamente contrarios pero con un mismo objetivo: un poder judicial de su agrado.

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