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¿Por qué se plantea España revisar la ley del "solo sí es sí"?

Una mujer quema una bengala en una de las manifestaciones contra las agresiones sexuales
Una mujer quema una bengala en una de las manifestaciones contra las agresiones sexuales Derechos de autor Manu Fernandez/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
Derechos de autor Manu Fernandez/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
Por Laura Llach
Publicado Ultima actualización
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Tan solo cuatro meses después de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí se han contabilizado alrededor de 300 rebajas de condenas a agresores sexuales en España, de los cuales, al menos 32 han sido excarcelados.

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Desde que Leopoldo R. salió de la cárcel el pasado 12 de diciembre, Rosa, nombre ficticio para proteger su identidad, vive escondida.

El día que su abogada, María Isabel Cacho Morgado, recibió un comunicado para presentar alegaciones en contra de la excarcelación de Leopoldo, ya se temía lo peor. “Llamé a mi clienta y lo único que le dije fue: escondete”, cuenta Cacho a Euronews por teléfono.

“A partir del día en que Leopoldo y Rosa se casaron, ella fue maltratada, golpeada y violada”, añade.

La Audiencia de Zamora acordó su excarcelación inmediata después de que se revisase su condena tras la entrada en vigor, el pasado 7 de octubre, de la Ley Integral de Libertad Sexual, más conocida como del ‘solo sí es sí’.

Su sentencia fue rebajada de los seis años a los cuatro porque se le aplicó el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, ya que así lo establece el Código Penal español.

Tan solo cuatro meses después de que la norma se hiciese efectiva, se han contabilizado alrededor de 300 rebajas de condenas a agresores sexuales en España, de los cuales, al menos 32 han sido excarcelados.

El Gobierno se plantea ahora aplicar cambios a la nueva ley para frenar el goteo de casos. La propuesta del ministerio de Justicia es recuperar las penas anteriores para los casos donde se produzca una agresión sexual con violencia o intimidación.

A modo de parche, el ministerio de Igualdad ha puesto a disposición de las mujeres cuyos agresores han sido excarcelados la posibilidad de solicitar una pulsera telemática.

“No es suficiente”

“Mi cliente está escondida, porque una pulsera no sirve para nada”, asegura la abogada.

Rosa y Leopoldo se casaron cuando ella tenía 17 años. De los más de 40 años de maltrato, a ella se le quedaron dos momentos grabados a fuego. El primero cuando Leopoldo le golpeó con un martillo en la rodilla después de que ella le pidiese algo y el segundo cuando le tiró escaleras abajo después de una pelea con su suegro.

Según cuenta la abogada, desde que ingresó en prisión, el miedo hace que Rosa no deje de mirar hacia atrás cuando va caminando por la calle. Durante este tiempo, Leopoldo no ha dejado de enviarle notas con amenazas a través de compañeros de prisión que salen de permiso.

Lo primero que hizo al quedar en libertad, fue volver al pueblo donde vivían y a Rosa no le ha quedado otra que marcharse sin revelar su paradero.

“Ella está escondida, esa es su pulsera telemática. Evidentemente, esta solución no sería suficiente y no serviría de nada dado que a lo largo de los últimos años ha estado amenazandola”, señala Cacho.

“Solo sí es sí” en 15 países europeos

Al darse las primeras excarcelaciones en España, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que “nadie pudo pensar que, si se bajaban las penas mínimas, eso podía conllevar a reducciones de condenas”.

En palabras de la ministra, la “ley del solo sí es sí” nació con la idea de “permitir que el Estado pueda proteger de forma eficaz a todas las mujeres”.

Según Amnistía Internacional, son solo 15 los países europeos que tienen leyes que definen la violación como sexo sin consentimiento, tal y como lo hace la nueva norma española. Se trata de Alemania, Bélgica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido y Suecia.

En los últimos años han reformado sus códigos penales para que la coacción o la amenaza de fuerza no sean los únicos requisitos para considerar un delito sexual como violación.

En el caso español, los expertos señalan que el problema de las rebajas de condenas a agresores viene porque en la nueva norma suprime la distinción entre abuso sexual y agresión sexual.

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El resultado ha sido una horquilla de penas que oscilan entre uno y cuatro años de cárcel hasta los 15 para los casos más graves.

En el proyecto inicial de la ley que impulsó el ministerio de Igualdad, se barajaba la posibilidad de bajar la pena máxima a los 12,5 años de prisión para homologarla al resto de países europeos, ya que las penas son más bajas. Sin embargo, Igualdad decidió mantener el techo de la antigua ley.

Tan solo cuatro países de Europa superan esa horquilla, Islandia con una pena máxima de 16 años y Francia, Reino Unido y España con 15 años.

¿Unificar abuso y agresión sexual?

Mientras que en algunos países solo hay un tipo penal tanto para abuso como para agresión sexual, otros siguen manteniendo varios como sucedía antes en España.

Italia endureció las penas por violación en 2009 tras una oleada de agresiones en grupo a mujeres.

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La nueva ley tiene un único delito tipificado como violencia sexual y aumentó la pena máxima de diez a doce años. Con lo cual, los jueces pueden aplicar sanciones que van desde los seis años hasta los doce.

El país no ha vuelto a hacer cambios en la norma, con lo cual, no define la violación como sexo sin consentimiento, tal y como lo establece el Convenio de Estambul.

¿Protección o prevención?

Para Miguel Lorente, experto del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, la prevención es la clave para reducir la violencia de género y, en este ámbito, España está haciendo poco.

“El pasado diciembre fue el mes con más homicidios por violencia de género (desde que hay registros). Eso quiere decir que algo no estamos haciendo bien”, señala Lorente.

El experto cuenta que el país tiene que trabajar la prevención a dos niveles. Primero centrarse en la educación y concienciación de la sociedad, además de dotar de recursos para que sea más fácil detectar casos.

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“Ahora mismo se denuncia entre un 25% y 30% del total de la violencia de género que se produce. El 70% restante es invisible y aquí es donde se producen los homicidios. Este año el número de casos con denuncia previa ha sido de un 42%, que es el más elevado de la historia”, afirma.

Lo que llevan tiempo reivindicando tanto las asociaciones como los expertos es que no se debe esperar a que la violencia sea lo suficientemente grave como para que las mujeres denuncien o para que la violencia machista pueda ser detectada.

“Hay que diseñar estrategias de detección proactiva, un cribado universal en los lugares donde están el 100% de las víctimas. Esos lugares son los espacios sanitarios. Las mujeres que sufren violencia acuden con frecuencia a estos lugares. De hecho, según los datos, acuden un 20% más que las que no sufren violencia”, cuenta Lorente.

Sobre las medidas de protección impuestas por el ministerio de Igualdad, como la posibilidad para las víctimas de pedir que le pongan una pulsera telemática a su agresor al ser excarcelado, los expertos aseguran que es una medida que disuade, pero no impide nada.

“No es infalible, aunque por el momento no se ha dado ningún homicidio en el que el agresor lleve la pulsera. En España, por ejemplo, la mayoría de medidas de alejamiento contemplan 200 metros”, asegura Lorente.

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“Esta distancia es muy corta para que una respuesta en un momento determinado sea eficaz, se necesitaría mucha más distancia o incluso kilómetros”, añade.

La abogada de Rosa coincide con el experto: “Él está en el pueblo a sus anchas y ella escondida. La solución sería que ella estuviese protegida y no tuviese que marcharse de la provincia”.

¿Difícil acceso a tratamiento psicológico?

Un estudio realizado en prisiones de Cataluña reflejó que la reincidencia del grupo que no ha recibido tratamiento psicológico al cabo de cinco años fue de un 18%, sin embargo la del grupo tratado fue de un 4%.

Según los expertos, los problemas más habituales en el tratamiento de los agresores sexuales son el absentismo, la resistencia a reconocer los hechos y la baja motivación al tratamiento.

El problema es que el acceso a estos tratamientos no es tan fácil. “Depende del tipo de pena que hayan impuesto en el momento del juicio. Normalmente la condena conlleva una serie de años de pena y luego puede haber medidas complementarias”, indica Lorente.

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Las medidas complementarias van desde la libertad vigilada, el alejamiento de la víctima o la indemnización.

Solo se contempla la adherencia al tratamiento psicológico si el juez lo establece necesario y exclusivamente dentro del ámbito penitenciario, pero Lorente afirma que esto tampoco es obligatorio.

“Fuera del ámbito penitenciario, no estoy seguro de que exista la posibilidad de hacer algún tipo de tratamiento o reeducación en delitos contra la libertad sexual. Sí existe contra la violencia de género.”, comenta.

El experto cuenta que, aunque tenga un carácter obligatorio, cuando hay elementos que se supone que pesan más que la reinserción y que hacen que sea más difícil adherirse al tratamiento, se permite que no lo haga.

“Hay un márgen demasiado flexible con este tipo de medidas”, zanja.

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