En un acto conjunto con familiares de víctimas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, reconoció que el estado uruguayo era responsable de asesinatos y de la desaparición de cadáveres.
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Ha hecho falta más de medio siglo para que el Estado uruguayo reconociera su responsabilidad en el asesinato de las llamadas Muchachas de Abril; tres jóvenes de la izquierda tupamara Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes -embarazada-, de entre 19 y 21 años que fueron acribilladas a balazos en 1974 durante una operación militar represiva de un Batallón de Artillería.
En un acto solemne con la ausencia del presidente Luis Lacalle, Uruguay reconoce igualmente el asesinato y ocultación de los cuerpos de dos militantes comunistas detenidos por el ejército.
Todos estos crímenes ocurrieron durante la dictadura militar que sufrió Uruguay de 1973 a 1985.
Uruguay no ha reconocido a las víctimas hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara sentncia reclamando al país la asunción de responsabilidades.
Emitida el 15 de noviembre de 2021, la sentencia de la Corte IDH condenó al Estado uruguayo por la violación de derechos humanos y del derecho a la verdad ante la desaparición de los militantes de izquierda Óscar Tassino y Luis Eduardo González, así como el caso de las muchachas de abril.