Las medidas represivas de los países del sur de Europa empujan a los emigrantes a probar suerte en la ruta migratoria más mortífera del planeta
PUBLICIDADDesde principios de año, más de 1300 personas han perdido la vida o desaparecido intentando llegar a Europa. Las cifras son alarmantes y representan solo los casos conocidos, el número real es mayor y seguirá creciendo.
A pesar de los riesgos, más de 75.000 personas consiguieron completar la travesía. Italia, España y Grecia son los tres países más afectados.
Italia ha aprobado una nueva ley sobre migración que limita el acceso al estatuto de protección especial y condiciona la actuación de los barcos de rescate en el Mediterráneo.
España firmó un acuerdo histórico con Marruecos, que llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a definir al país africano como "un aliado imprescindible para nuestra seguridad y para una migración ordenada". En la práctica, ha trasladado el problema a Rabat y el episodio de junio de 2022 en Melilla, que causó 23 muertos, es un triste ejemplo.
Grecia ha reforzado considerablemente sus patrullas marítimas, acusada en varias ocasiones de no respetar el derecho internacional.
Malta, que a pesar del menor volumen de llegadas está en el corazón del Mediterráneo, es acusada por Amnistía Internacional de ignorar las peticiones de rescate y llevar a cabo detenciones arbitrarias.
Cada vez son más los llamamientos a la creación de rutas migratorias legales, sobre todo desde la ONU, pero Bruselas ha optado por otra vía, entre otras cosas porque conciliar las voluntades de los 27 Estados miembros en materia de migración parece misión imposible.
La nueva ley sobre migración es un paso adelante, pero no oculta que cada vez es más difícil entrar en territorio europeo. El Mediterráneo no es la única frontera. También es cada vez más difícil entrar por tierra y si en 2014 había poco más de 300 kilómetros de muros o alambradas en las fronteras europeas, hoy hay más de 2000.
Las restricciones impuestas han rebajado el uso de prácticamente todas las rutas, con la excepción de la del Mediterráneo Central, precisamente la más peligrosa, que se ha convertido en la preferida por los migrantes.
Más de la mitad de las llegadas a territorio europeo en los cinco primeros meses del año procedían precisamente de esta ruta. Más de mil personas perdieron la vida, engrosando una larga lista, si no fuera porque se trata de la ruta migratoria más mortífera del planeta.
En el corazón de esta ruta se encuentra el puerto tunecino de Sfax, donde las autoridades locales aseguran haber impedido el paso a 13.000 personas sólo en los tres primeros meses del año.
El problema se ha agravado por la arenga del Presidente Kais Saied contra los emigrantes subsaharianos, acusándoles de amenazar la identidad demográfica del país y de ser responsables de la violencia y la delincuencia.
Como consecuencia, se han producido varios ataques racistas en Túnez y también ha aumentado el flujo de emigrantes que abandonan el país.
La solución de la UE es prometer dinero, más de mil millones de euros en ayuda financiera a un país en grave crisis económica, pero Saied había advertido desde el principio que no aceptaría que su país se convirtiera en guardafronteras de otros países.
La solución política al problema migratorio tarda en llegar. Para las más de 27 000 personas que han muerto o desaparecido en el Mediterráneo desde 2014, llegará demasiado tarde.