La Administración alega que los jueces interfieren en su poder sobre cuestiones de Inmigración y Política Exterior.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido al Tribunal Supremo que retire la protección legal a 350.000 venezolanos como parte de sus planes para iniciar deportaciones masivas. La medida llega después de que un juez federal de San Francisco prorrogara su Estatus de Protección Temporal (TPS), que expiraba en abril. El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para detener las deportaciones a países asolados por conflictos civiles o que sufren catástrofes naturales.
Al explicar su decisión, el juez de distrito Edward Chen afirmó que levantar la protección perturbaría cientos de miles de vidas y costaría a la economía miles de millones en pérdida de actividad económica. El Gobierno estadounidense ha impugnado el fallo, que dice que interfiere con su poder sobre Inmigración y Asuntos Exteriores. La Administración Trump planteó la cuestión ante el Tribunal Supremo el jueves, el mismo día en que un juez federal de Texas indicó que el presidente había estado utilizando incorrectamente una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
Fernando Rodríguez Jr., quien fue nominado por Trump en 2018, dictaminó que el uso del presidente de la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798 para deportar a los venezolanos era "ilegal" y que los migrantes no podían ser deportados de Texas bajo ella.
Trump invocó la ley a principios de este año alegando que EE.UU. estaba siendo "invadido" por la banda venezolana Tren de Aragua. "La proclamación no hace referencia y de ninguna manera sugiere que exista una amenaza de que un grupo organizado y armado de individuos entre en Estados Unidos bajo la dirección de Venezuela para conquistar el país o asumir el control de una parte de la nación", escribió Rodríguez.
"Por lo tanto, el lenguaje de la proclamación no puede ser leído como la descripción de una conducta que cae dentro del significado de 'invasión' a los efectos de la AEA". En respuesta a la noticia, el vicepresidente J.D. Vance dijo que la Administración apelaría "agresivamente" el fallo. "El juez no toma esa determinación, si la Ley de Enemigos Extranjeros puede ser desplegada", afirmó Vance. "Creo que el presidente de Estados Unidos es quien determina si este país está siendo invadido".